Las contralorías departamentales no ostentan el atributo de la personalidad jurídica y, por ende, no pueden comparecer por sí mismas al proceso.

La finalización de la relación contractual hace que desparezca el interés asegurable, elemento esencial del seguro.

El hecho de que un oficio no se encuentre regulado no puede significar de manera automática que existe una afectación de garantías fundamentales, sostiene uno de los apartes del fallo constitucional.

En virtud del principio de buena fe, la Administración tiene la carga de demostrar que los medios usados para la obtención del acto administrativo fueron ilegales, entre otras cosas.

La Sección Tercera explica que no se configura cuando la orden de captura se profiere con fines de indagatoria y se cumplen los plazos establecidos en la normativa penal vigente.

Le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, recuerda la Sección Segunda.

El competente para conocer el proceso de adopción en primera instancia será el juez de familia del domicilio de los adoptantes.

Según el fallo, puede acarrear sanciones para el funcionario que tiene a cargo realizar las diligencias, pero no es causal de nulidad si viola el debido proceso.

Un fallo aclara que el solo desconocimiento de la norma por el operador jurídico encargado de aplicarla no implica, de plano, una responsabilidad a título de imputación de culpa grave o dolo.

Un concepto de la Contraloría General de la República aclara, además, la forma de computar los plazos legales.