Se trata de una iniciativa implementada por la Superintendencia de Sociedades en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles, se encuentra al servicio del juez y las partes para ayudarlos a explorar soluciones.

La decisión se tomó bajo el régimen laboral propio de las empresas industriales y comerciales del Estado, pese a que en la actualidad no existe normativa que indique su real naturaleza jurídica.

Cada año ingresan al sistema judicial cerca de 700 demandas de inconstitucionalidad y aproximadamente 600 mil tutelas son radicadas al año.

La Corporación también explicó la forma en que se debe probar el daño moral con miras a su indemnización.

La DIAN anunció medidas tendientes a optimizar el proceso, relacionadas con los tiempos de implementación y la validación previa.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia hizo ver que esa premisa aplica sobre todo cuando el ausente demuestra su inasistencia en una situación constitutiva de fuerza mayor.

La Corte Constitucional encontró ajustadas a la Constitución sus disposiciones y explicó su importancia en el marco de la justicia transicional.

Además, no se puede retener por ninguna razón lo que le corresponde a los trabajadores por concepto de propinas.