La SIC recordó que la regulación colombiana expresamente prohíbe utilizar “medios engañosos o fraudulentos para recolectar y realizar tratamiento de datos personales”.

El proyecto cuestionado fue de iniciativa de algunos congresistas, pero el Gobierno no solo no avaló las medidas allí contenidas, sino que también se opuso abierta, expresa y directamente a su trámite.

Empleador, trabajadores y organizaciones sindicales pueden acordar modificaciones temporales a beneficios adquiridos.

La Corte Constitucional también condicionó una expresión contenida en el párrafo 3 del artículo 10 y el artículo 22 del Decreto 770 del 2020.

Cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, la JEP debe ajustar las medidas adelantadas.

La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.

Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

Se trata de un decreto que autoriza a Findeter a crear una línea de redescuento destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior públicas o privadas.

Algunas gestiones específicas del Gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de soluciones económicas y tecnológicas no han desconocido los derechos fundamentales de los abogados.