El alto tribunal dio a conocer que siete decretos legislativos pasaron la revisión constitucional, mientras que un decreto, el 797, se retiró del ordenamiento jurídico.

No podría afirmarse que toda culminación por no superar el periodo de prueba durante la crisis vulnera derechos laborales.

Según los accionantes, se genera una trasgresión a la Constitución, precarizando así relación laboral y desconociendo las condiciones dignas y justas que califican el concepto de trabajo.

Esta prueba no tiene incidencia en el marco regulatorio aplicable a los criptoactivos y no cambia la asignación de responsabilidades en el manejo de riesgos de este tipo de transacciones, ni puede entenderse como una autorización para que el sistema financiero utilice el ahorro del público para realizar este tipo de operaciones.

El Código Civil y el Código de Comercio tienen diversos instrumentos para superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual, dijo la Corte.

El riesgo del covid-19 para la salud es igual para cualquier persona que sufra una enfermedad de base o que se encuentre en una condición de especial vulnerabilidad, sin importar el delito.

El cliente de una empresa afiliada a este sistema de pagos puede efectuar un pago bajo esta modalidad transaccional.

260.000 coberturas estarán dirigidas exclusivamente para la compra de primera vivienda; el restante podrá aplicarse también para compra de segunda vivienda.

En la Ley 1918 del 2018 se establece el régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores y se crea el registro de inhabilidades.

Ruiz es abogado de la Universidad Libre de Cali, doctorado en Derecho en la Universidad Alfonso X El Sabio y estudios en Derecho y Ciencias Administrativas de la Universidad de Salamanca (España).