Conozca a los nuevos magistrados de las salas especiales de la Corte Suprema

En desarrollo de la reforma constitucional promulgada mediante el Acto Legislativo 01 del 2018, la Corte Suprema de Justicia culminó anoche la elección de los integrantes de las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia de la corporación.

 

Vale decir que estos togados asumirán las investigaciones contra los congresistas y adelantarán los juicios a los altos funcionarios del Estado, conocidos como aforados constitucionales. (Lea: Fuero se mantiene para delitos relacionados con funciones desempeñadas)

 

Con la elección del jurista Jorge Emilio Caldas Vera queda completamente integrada la Sala Especial de Primera instancia, ya en funcionamiento con los magistrados Ramiro Alonso Marín Vásquez y Ariel Augusto Torres Rojas.

 

Por otro lado, la Sala Plena de la Corte eligió a cinco de los seis integrantes de la Sala Especial de Instrucción. Se trata de los juristas Cristina Lombana Velásquez,  Héctor Javier Alarcón Granobles, César Augusto Reyes Medina, Francisco Javier Farfán Molina, James Sanz Herrera.

 

Jorge Emilio Caldas Vera

 

Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho, magíster en Ciencias Penales y Criminología, especialista en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas.

 

También es Comunicador Social y Periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Cuenta con más de 24 años de ejercicio profesional, en donde se ha desempeñado como asesor jurídico externo de LIME, La Previsora, Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y socio fundador y abogado litigante, en el área penal, de Caldas Vera Asociados.

 

También fue magistrado auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, defensor delegado para la política criminal y penitenciaria en la Defensoría del Pueblo, procurador cuarto delegado para la investigación y juzgamiento penal ante la Corte Suprema. Por 20 años fue profesor titular de la Facultad de Derecho, en el área penal, de la Universidad Externado. En la Universidad Católica fue profesor de la especialización en Derecho Penal.

 

Francisco Javier Farfán

 

Es abogado de la Universidad de Los Andes y cuenta con dos especializaciones, una en la Universidad Externado en Ciencias Penales y Criminológicas y la otra en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid.

 

Su larga carrera laboral la ha ejercido principalmente en el sector público, inicialmente como abogado visitador de la Procuraduría General de la Nación, luego como abogado asesor en la Defensoría del Pueblo, en donde también fue defensor público de la OEA, y abogado asistente de magistrados.

 

Fue director nacional de investigaciones especiales y procurador primero delegado para la casación penal de la Procuraduría General de la Nación. En la Contraloría General de la República fue abogado asesor externo y conjuez en la Corte Suprema de Justicia. Ha sido profesor de Derecho Penal y Penal Especial de las universidades Los Andes y Autónoma de Colombia.

 

Ha publicado libros como Eutanasia, derechos humanos y ley penal; Tráfico de drogas y ley penal y Jurisprudencia disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura 2ª parte (compilador).

 

Héctor Javier Alarcón

 

Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Penal y magíster en Educación de la misma institución. Comenzó su vida laboral siendo oficial mayor en la Rama Judicial.

 

Ha sido abogado asesor en la Procuraduría General de la Nación y magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. Como profesor universitario se desempeñó en las universidades Santiago de Cali, Libre de Barranquilla y Militar Nueva Granada, en las cátedras de Procedimiento Penal y Penal Especial.

 

Entre sus textos publicados se encuentran Garantías constitucionales y la Prueba ilícita y garantismo penal en el proceso penal acusatorio colombiano.

 

César Augusto Reyes

 

Es abogado de la Universidad La Gran Colombia, especialista en Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás y en Docencia Universitaria de la Gran Colombia. Se desempeñó durante 17 años como defensor público. Fue conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia durante tres años.

 

Ejerció la docencia en las universidades Santo Tomás y La Gran Colombia y publicó los libros Manual general para operadores jurídicos y Módulo de instrucción para defensores.

 

Cristina Lombana Velásquez

 

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Derecho Penal en la Universidad Pantheón-Paris II; de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Externado; Administración Pública en Ecole National D’Administration –ENA- y candidata a magíster en Derecho Penal de la Universidad EAFIT.

 

Se desempeñó como secretaria privada del despacho del Fiscal General de la Nación en los años 1995 y 1996; jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de intéres Social y Reforma Urbana, Inurbe y juez de instrucción penal militar en Medellín ostentando el grado de mayor.

 

James Sanz Herrera

 

Es jurista de la Universidad INNCA de Colombia. Tiene cuatro especializaciones en Derecho Penal, de la Universidad Santo Tomás; Derecho Constitucional, de la Universidad Libre de Colombia; Derecho Público, de la Universidad Autónoma de Colombia y en Derecho Disciplinario, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Son más de 25 años de ejercicio profesional, todos en la Rama Judicial.

 

Ha sido juez promiscuo territorial; juez municipal y promiscuo municipal; juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, todos estos cargos en diferentes juzgados del país, especialmente en la región oriente, en sitios como Puerto Rico, Barranca de Upía, Villavicencio, Cumaral, Acacías y Bogotá. Su último cargo fue en el Tribunal Superior de Medellín como magistrado de la Sala Penal.

 

Nuevo procedimiento penal

 

A comienzos de este año se promulgó la reforma que modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política e implementó el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria contra aforados constitucionales. Para esto se crearon unas subsalas en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

 

-          La subsala de Instrucción: conformada por seis magistrados

 

-          La subsala de Primera Instancia o de Juzgamiento: conformada por tres magistrados.

 

Estos togados conocerán de los procesos penales, pero no tendrán competencia sobre asuntos administrativos ni electorales de la Corte, ni harán parte de la Sala Plena. (Lea: Estos son los 739 aspirantes a magistrado para investigación y juzgamiento de aforados)

 

A la primera le corresponde la investigación y acusación, mientras que la segunda será la encargada de adoptar la decisión de fondo, apelable ante la Sala de Casación Penal. Los miembros de estas salas deberán cumplir los requisitos para ser magistrados de una alta corte y se les aplicará el mismo régimen para su elección y periodo.

 

Vale la pena recordar que, en primera instancia y previa acusación de la Fiscalía, se podrán juzgar a:

 

-          Vicepresidente de la República.

 

-          Ministros del despacho.

 

-          Procurador General.

 

-          Defensor del Pueblo.

 

-          Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales.

 

-          Directores de los departamentos administrativos.

 

-          Contralor General.

 

-          Embajadores y jefes de misión diplomática o consular, gobernadores.

 

-          Gobernadores.

 

-          Magistrados de tribunales y generales.

 

-          Almirantes de la fuerza pública por los hechos punibles que se les imputen.