La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas y pagarle más de $ 1.000 millones a sus familias.

Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.

La voluntad de separarse del servicio debe ser libre, espontánea, inequívoca y constar por escrito.

Entre los temas de análisis se destacan la equidad salarial entre hombres y mujeres y la estabilidad laboral.

Los funcionarios tendrían que elaborar, junto con el formato tradicional de sentencia, uno con lenguaje no técnico, directo, cercano, sencillo y claro que tendrá igual valor y efectos.