Estamos analizando variables de inteligencia artificial y su incidencia en la administración de justicia: Diana Remolina
01 de Abril de 2024
El Consejo Superior de la Judicatura eligió como presidenta para el año 2024 a la magistrada Diana Alexandra Remolina Botía. Dentro de la Corporación ha trabajado por su transformación digital, liderando temas de tecnología para la administración de justicia en beneficio de todos los actores del sistema.
En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Remolina comparte los avances, desafíos y las metas trazados para lograr que a través de la tecnología se alcancen verdaderos cambios positivos. Así mismo, nos compartió su punto de vista frente a las reformas a la justicia, información sobre las convocatorias 26 y 27 y trató el tema del nuevo examen para los futuros abogados.
ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Cuál es el estado actual de la Rama Judicial en cuanto al acceso a internet en los despachos judiciales?
Diana Remolina Botía (D. R. B.): El acceso a internet de los despachos judiciales depende de dos variables: una que compromete al Gobierno Nacional, que viene trabajando para ampliar la cobertura de internet en el país, esa es una variable que no depende de la Rama Judicial.
En cuanto a la segunda, el Consejo Superior de la Judicatura ha hecho un importante esfuerzo desde antes de la pandemia que se ha intensificado desde el año 2020, por lo que actualmente tenemos cobertura en las 1.403 sedes judiciales del país, por medio de 1.558 enlaces de internet, con 64 Gb dedicados únicamente a la Rama Judicial. Así mismo, estamos actualizando el cableado del internet en 28 sedes judiciales del país, por lo que esperamos concluir el proceso de fortalecimiento de la conectividad en el año 2025.
Á. J.: Aunque no se conoce aún el fallo de la Corte Constitucional sobre la reforma a la Ley 270 de 1996, ¿cómo avanza en Colombia la adopción de la virtualidad en la administración de la justicia?
D. R. B.: El Consejo Superior de la Judicatura ha venido implementando diversos mecanismos para fortalecer el acceso a la justicia a través de lo que se ha llamado “justicia virtual”, que no es otra cosa que facilitar procedimientos respaldados en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que los usuarios y los servidores judiciales puedan interactuar sin necesidad de acudir a las sedes judiciales.
Gracias a esas decisiones de la Corporación y a las herramientas puestas a disposición de los jueces, en Colombia se han incrementado año a año las audiencias virtuales, lo que ha facilitado su realización y ha reducido los aplazamientos. Por ejemplo, en el año 2022 se hicieron 724.471 audiencias virtuales y en el año 2023 un poco más de 858 mil.
Próximamente pondremos a disposición de los jueces una plataforma muchísimo más robusta para que puedan realizar audiencias virtuales más fiables, tecnológicamente hablando. De igual manera, en las próximas semanas expediremos el protocolo de audiencias virtuales y presenciales, de forma tal que las audiencias puedan verificarse bajo reglas claras para todos los que interactúan en ellas.
Este año pondremos en funcionamiento la ventanilla judicial electrónica por donde ingresarán todos los memoriales que radiquen los usuarios. Igualmente, contaremos con la primera versión del expediente propiamente digital, que es un gestor documental que permitirá consultar las actuaciones judiciales de manera organizada y electrónica, sin depender de los correos electrónicos que actualmente manejan los jueces.
Por lo tanto, el Consejo Superior sigue trabajando intensamente en las TIC para la Rama Judicial, sin que nuestra gestión dependa de la emisión de la sentencia de la Corte Constitucional.
Á. J.: ¿Qué puntos incluidos en esa reforma a la Ley 270 de 1996 esperan que mejore la administración de justicia?
D. R. B.: En esta reforma a la Ley Estatutaria de Justicia destaco como muy relevantes tres temas: i) el fortalecimiento presupuestal, que definitivamente repercutirá en el servicio de justicia; ii) se robustece la carrera judicial, permitiendo, por ejemplo, los cursos de ascenso cerrado, dado que la Rama Judicial cuenta con funcionarios muy calificados a los que se les debía habilitar un escenario interno que permita su promoción; esa fue una propuesta en la que trabajó intensamente el Consejo Superior de la Judicatura que logramos sacar adelante en un proyecto que fue de nuestra iniciativa y que, en lo que planteamos, encontró eco en el Congreso de la República y en la Corte Constitucional; iii) un último tema es que se le ha dado mayor autonomía a la Dirección Ejecutiva para que pueda ejecutar las políticas trazadas desde la Corporación, contamos con una directora muy calificada y un equipo comprometido para sacar adelante diversas tareas que redundarán en pro de un mejor servicio de justicia.
Á. J.: Se acerca un nuevo proyecto de reforma a la justicia, ¿qué papel tendrá el Consejo Superior de la Judicatura en su redacción frente a las necesidades de la Rama Judicial?
D. R. B.: La propuesta de hacer una nueva reforma fue planteada por el Presidente de la República y estamos pendientes de que se defina cuál es la orientación específica que se le quiere dar al proyecto. Recordemos que ya el Congreso tramitó una reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, validada en buena parte por la Corte Constitucional, por lo que creemos que, en los temas tratados en ella, no se requieren nuevos ajustes, sino acometer las acciones que sean necesarias para ejecutar las reformas ya aprobadas.
En todo caso el Consejo Superior de la Judicatura está dispuesto a participar y construir en las reformas que sean útiles para los colombianos.
Á. J.: En materia de transformación digital de la justicia, ¿cómo avanza el país, especialmente en lo relacionado con el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial?
D. R. B.: El Sistema Integrado de Gestión Judicial (SIUGJ) tiene varios componentes, entre los que se destacan la ventanilla electrónica para recibir las demandas y demás memoriales, el gestor documental para consolidar el expediente electrónico, el gestor procesal que permite el avance en las etapas del proceso y el servicio para la realización de audiencias.
El Consejo Superior ya inició la implementación del SIUGJ en la especialidad laboral, específicamente en los distritos judiciales de Pereira, Armenia, Manizales, Sincelejo, Bogotá, Villavicencio y Medellín; de esta manera se unificarán, de principio a fin, los distintos servicios digitales que se necesitan para que los procesos judiciales se adelanten de forma electrónica.
Estamos haciendo retroalimentación con el fin de hacer las mejoras que sean necesarias, de forma tal que podamos llegar a todo el país con unas herramientas probadas y mejoradas. En los próximos meses estaremos definiendo a qué distritos y en qué jurisdicciones y especialidades se continuará implementando el SIUGJ.
Á. J.: ¿La inteligencia artificial tendría un lugar en la administración y gestión de la Rama Judicial como ya parece suceder en casi todos los ámbitos profesionales?
D. R. B.: Así es. Buena parte del Plan de Transformación Digital y del Sistema Integrado de Gestión Judicial incluye componentes de inteligencia artificial. Estamos en un proceso de análisis sobre las distintas variables que tiene la inteligencia artificial y su incidencia en la administración de justicia, como, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa.
En esta línea hemos generado un grupo de trabajo interdisciplinario, con actores de la academia y de las otras ramas del poder público, para definir los principios y reglas que deben guiar la implementación de la inteligencia artificial para la administración de justicia en Colombia.
De igual manera hemos iniciado un amplio proceso de formación de los servidores judiciales para que se acerquen y sensibilicen al tema de inteligencia artificial. Tenemos más de mil jueces, magistrados y empleados capacitándose en un esfuerzo líder en América.
Finalmente, queremos consolidar buenas prácticas en la aplicación de la IA para para convertirlas en iniciativas y proyectos acotados, factibles y útiles de inteligencia artificial aplicada.
Á. J.: Autonomía presupuestal siempre ha sido un llamado que se hace desde la Rama Judicial para consolidar la independencia judicial. ¿En qué estado se encuentra hoy este tema en el país?
D. R. B.: El tema de autonomía presupuestal tiene dos ejes centrales: el primero, los recursos asignados en el presupuesto, tema en el que se ha venido avanzando, porque el Congreso y el Gobierno han escuchado los requerimientos del Consejo Superior de la Judicatura y han destinado recursos adicionales que nos han permitido fortalecer el talento humano y áreas vitales como las infraestructura física y tecnológica de la Rama Judicial.
Aquí cobra particular importancia el pronunciamiento que debe expedir la Corte Constitucional en las próximas semanas, sobre las pautas que deberán seguirse para cumplir el mandato de realización gradual e incremental, consistente en alcanzar, por lo menos, el 3 % del presupuesto de rentas y de recursos de capital del Tesoro Nacional para la Rama Judicial.
El segundo es la autonomía en el manejo de esos recursos, para que sea la propia Rama Judicial la que definirá el destino de esos recursos, de acuerdo a las prioridades establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en los instrumentos de planeación de la Rama Judicial.
Á. J.: En relación con el acceso a los cargos de la Rama Judicial, ¿cuál es el estado actual de las convocatorias 26 y 27? ¿Se estima abrir nuevas convocatorias?
D. R. B.: La Convocatoria 26 tiene registros seccionales de elegibles desde el 3 de noviembre del 2021, los cuales estarán vigentes hasta el año 2025.
La Convocatoria 27 se encuentra en fase de curso-concurso, específicamente en la etapa de formación general, que concluirá el próximo mes de mayo, para dar comienzo a la formación en la parte especial.
Durante 2024 y 2025 el Consejo Superior de la Judicatura tiene previsto diseñar y estructurar las pruebas para convocar concurso para los cargos de empleados de altas cortes; empleados de carrera del Consejo Superior de la Judicatura, consejos seccionales de la judicatura, comisiones seccionales de disciplina judicial, dirección ejecutiva y seccionales de administración judicial; empleados y funcionarios de la jurisdicción agraria y rural y funcionarios y empleados de los despachos judiciales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estas cuatro convocatorias tienen una cobertura aproximada de 2.858 cargos.
Á. J.: ¿Cómo trabajará el Consejo Superior de la Judicatura en la adopción de la nueva Jurisdicción Agraria?
D. R. B.: El Consejo Superior de la Judicatura, sin esperar la expedición de la ley estatutaria y de la ley ordinaria, ejerciendo sus competencias y consciente de la necesidad de contar con una justicia agraria sólida y fuerte, tomó la decisión de crear el Distrito Judicial Agrario y Rural de Tunja, a partir del próximo 2 de mayo, que comprende los circuitos agrarios y rurales de Cartagena, Pasto, Popayán, Quibdó y Tunja. El presupuesto está asegurado para su funcionamiento.
Para la creación de este primer Distrito, la Corporación tuvo en cuenta los lineamientos contenidos en el mecanismo de seguimiento del Acuerdo Final para la Paz, incluyendo, en la primera fase, 38 municipios PDET que debían ser priorizados.
La puesta en marcha de ese distrito reparó también en las características y volúmenes demográficos, territorialidades étnicas y campesinas, políticas públicas y conflictos potenciales, así como la demanda de justicia sobre los asuntos de competencia de esta especialidad.
El proceso de implementación gradual y progresiva que estableció el Acto Legislativo 03 del 2023 continuará una vez el Gobierno Nacional asigne las partidas presupuestales y el Congreso de la República expida la normativa que modifique la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, fije la competencia y diseñe el procedimiento especial agrario y rural. Venimos adelantando las gestiones ante el Gobierno Nacional para que haga las apropiaciones presupuestales necesarias y así continuar con la puesta en marcha de esa jurisdicción.
Á. J.: En materia de infraestructura, ¿cuáles son las principales apuestas de la entidad durante su mandato?
D. R. B.: En el ámbito de la infraestructura tecnológica, como ya lo comenté, venimos avanzando en la construcción e implementación del Sistema Integrado de Gestión Judicial y la consolidación de las TIC en la Rama Judicial.
Y en cuanto a la infraestructura física, próximamente les daremos importantes noticias sobre sedes judiciales en Bogotá, Medellín, Cartagena, Valledupar, Bucaramanga y Barranquilla. De igual manera, actualmente venimos ejecutando nueve procesos de construcción de sedes judiciales en Sincé (Sucre), Mosquera y Francisco Pizarro (Nariño), Puerto Carreño (Vichada), Aguachica (Cesar), Buga (Valle del Cauca), Chocontá (Cundinamarca), Valledupar (Cesar) y Riohacha (La Guajira).
Á. J.: ¿Cuál es el cronograma que se tiene previsto frente al nuevo examen para los futuros abogados? ¿Cómo se ha trabajado en su preparación?
D. R. B.: El proceso de inscripciones culminó el pasado el 23 de enero del 2024 con 3.416 inscritos. Ya se hizo la validación de estas inscripciones y fueron admitidos 2.219 abogados y abogadas que presentarán el examen el próximo 26 de mayo; en el segundo semestre de este año, la fecha para el examen es el 20 de octubre.
Á. J.: ¿Qué se puede esperar frente a la aplicación de este nuevo examen profesional?
D. R. B.: La ley está inspirada en la necesidad de asegurar la calidad ética y jurídica de los abogados que pretendan ejercer la profesión de abogado a través de la representación de intereses de terceros.
Con ese propósito venimos trabajando desde hace más de dos años con el Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icfes) para la implementación de una prueba que permita alcanzar ese objetivo. Hemos escuchado atentamente a las universidades en un proceso participativo y estamos seguros de que esta primera experiencia arrojará buenos resultados y nos permitirá obtener insumos para el mejoramiento de las pruebas posteriores.
Á. J.: ¿Cuáles son los logros que al final de su gestión al frente de la entidad espera conseguir?
D. R. B.: Avanzar en la transformación digital, específicamente en la ventanilla electrónica y el expediente judicial electrónico. Esperamos contar con reglas en materia de protocolo de audiencias y pautas de implementación de inteligencia artificial. Espero dejar avanzado el proceso de construcción e implementación del gestor procesal, temas en los que existe un alto compromiso de todos los magistrados que integramos el Consejo Superior de la Judicatura.
A nivel de infraestructura física, esperamos avanzar en los diseños arquitectónicos de las nuevas sedes judiciales de las principales ciudades del país, para iniciar su construcción en el año 2025, siempre que nos sean asignados los recursos que se requieren.
En cuando al mejoramiento del servicio al usuario, priorizaremos siete áreas de atención: registro nacional de abogados; puntos de información y atención presencial; solicitud de trámites administrativos para servidores; registro, gestión y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones; vigilancias judiciales administrativas; trámites de ejecución de penas y solicitud de desarchivo de procesos.
De igual manera prestaremos especial atención al mejoramiento de las condiciones de bienestar de los servidores judiciales. Por ejemplo, ya lanzamos un plan integral para acompañar a los servidores judiciales que están cerca de obtener su pensión, de modo que puedan hacer un tránsito apropiado hacia el retiro del servicio público. Implementaremos programas de salud mental, cultura organizacional, desconexión laboral, entre muchos otros. Para fortalecer estas y otras acciones hemos incrementado sustancialmente el presupuesto frente a los años anteriores.
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