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18 de Abril de 2024 /
Actualizado hace 25 minutos | ISSN: 2805-6396

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Especiales / Informe


“El Gobierno ha respetado, respeta y seguirá respetando cualquier decisión que venga de los jueces y magistrados”

15 de Febrero de 2024

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Desde finales del año pasado, el Gobierno anunció una serie de proyectos de ley para reformar a la justicia. Luego de conformada la comisión de expertos que asesorará el contenido de estas iniciativas, en el periodo legislativo que inicia mañana, se prevé que se radicarán varias iniciativas para modificar algunos temas relacionados con la justicia.

En diálogo con este medio de comunicación, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, habló sobre el proceso de elaboración de esas iniciativas y de otros temas de actualidad, como la posición del Gobierno frente a los disturbios de hace una semana que se presentaron en el Palacio de Justicia.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son los principales puntos sobre los cuales girará la reforma a la justicia impulsada por el Gobierno?

Néstor Iván Osuna: Lo primero que hay que decir es que son varios proyectos. Uno tiene que ver con volver al espíritu y a la letra original del Código de Procedimiento Penal, para tener un sistema penal acusatorio (SPA) sin el bloqueo a las negociaciones, a los preacuerdos, a los allanamientos, etc., que, desde el año 2004, se ha ido presentando. Esto con la finalidad de permitirles a los jueces mayor posibilidad de negociación, para que tengan información certera que permita desarticular estructuras criminales, obtener la verdad y, por lo tanto, reparar a las víctimas. Las posibilidades de negociación estarán siempre en manos del juez, como lo diseñó el SPA original, pero sin esos obstáculos que le han incorporado en estos 20 años. Seguramente, irá acompañado de otros elementos, pero busca darles mayores herramientas para la búsqueda de la verdad, de información relevante y reparación a las víctimas, a cambio de que se permita desmantelar estructuras criminales concretas y, por supuesto con beneficios, no nuevos, que ya están en la ley, como preacuerdos, allanamientos y rebajas para quienes colaboren de ese modo con la justicia.

En segundo lugar, queremos insistir en la humanización del sistema carcelario. El proyecto de ley seguramente va a ser el mismo o en sus grandes coordenadas igual al que presentamos el año pasado y que se quedó sin debatir. En términos generales, la iniciativa significa que todas las personas privadas de la libertad deben tener la posibilidad cierta de trabajar o de estudiar en la cárcel, porque esta es la mejor forma de evitar la reincidencia. El vínculo con las empresas privadas es el mejor sistema de resocialización posible. Por eso, pensamos más en desarrollar colonias agrícolas que sistemas urbanos, lo cual se impulsaría a través de un documento Conpes.

Y el tercero tiene que ver con mayor eficacia y prontitud de la justicia. Hemos desarrollado varias iniciativas, por ejemplo, la posibilidad de eliminar autos admisorios en materia civil, laboral o administrativa, etc.; la viabilidad de imponer alguna consecuencia (de tipo disciplinario) para el Estado y para el juez cuando haya vencimiento de términos; la posibilidad de reparto nacional y otras medidas de agilización de procedimientos. Eso va acompañado de nuevas asignaciones presupuestales progresivas, para que haya más jueces, mejor equipados y más oferta de justicia para agilizar procesos.

¿Con esto que quiero decir? El Gobierno no tiene en su agenda, aunque sí lo han propuesto varios miembros de la comisión, la presentación de reformas constitucionales referidas a funciones electorales de las cortes, el gobierno de la Rama Judicial, la elección del Fiscal General de la Nación, etc. Eso no lo consideramos fundamental.

Á. J.: ¿Qué plazos o cronograma de trabajo tienen para radicar las iniciativas, habida cuenta de que se presentaron más de 300 propuestas de la sociedad civil para mejorar la justicia?

N. I. O.: Es una operación un tanto compleja. Por una parte, los miembros de la comisión habíamos convenido la presentación, hasta el 2 de febrero, de propuestas. En total, fueron cerca de 30, muy interesantes de distintas materias. Para el próximo viernes 16 de febrero, está citada la comisión y revisaremos esas propuestas, ya en forma de borradores y artículos. Por otro lado, más de 300 iniciativas ciudadanas fueron enviadas, las cuales estamos leyendo, analizando y sistematizando. Ahora bien, con todo eso, elaboraremos unos borradores y se los presentaremos a la comisión. En cuanto a plazos, le propondré a la comisión que los proyectos de ley que estén más avanzados puedan presentarse en febrero o marzo, mientras que aquellos que requieran más trabajo se presenten en julio y meses subsiguientes. Así, la comisión va a trabajar todo el año, para sacar adelante los proyectos.

Á. J.: Una importante reforma a la Ley 270 de 1996 se encuentra desde hace ya varios meses en la Corte Constitucional. ¿Qué destacaría de esta iniciativa, una vez se conozca el fallo y se sanciones la ley?

N. I. O.: De una parte, se fortaleció la virtualidad en la justicia. Es un tema que va en consonancia con lo que quiere el Gobierno. Seguramente, no se necesitará un nuevo proyecto frente a esta materia, sino, de pronto, retoques, presupuesto, desarrollo y capacitación.

También destacaría de ese proyecto la asignación de una base presupuestal mínima fija para la Rama Judicial. Una vez entre en vigencia, el presupuesto de la Rama Judicial aumentará de modo automático casi en un 30 % para el primer año. Esa es una buena noticia. En mi opinión, debemos duplicar ese presupuesto para la justicia, pero pasar a un 30 % por una ley es una estupenda noticia.

Á. J.: A propósito de la virtualidad, ¿en qué va su puesta en funcionamiento en la administración de justicia?

N. I. O.: Viene funcionando bastante bien. Hemos tenido avances en ese tema. Hay un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recursos importantes para implementarla, lo que implica un desarrollo permanente hasta finales del 2025, no solo en lo previsto para la Rama Judicial, sino también frente a las funciones jurisdiccionales que presta el Gobierno a través de las superintendencias. Requerimos un sistema que se comunique uno con el otro, no una virtualidad para la justicia administrativa, otra para la justicia penal, etc. Será un sistema intercomunicado y que facilitará que toda persona pueda acceder al expediente, a memoriales, etc., cuyas audiencias serán virtuales, en la medida de lo posible. Si bien hay audiencias en las que el juez puede considerar que sean presenciales, son excepcionales frente al grueso de la actividad judicial. Entonces, con la legislación vigente y lo que se viene desarrollando con el préstamo del BID, debemos tener una justicia plenamente funcional y virtual a finales del año entrante.

Hay un tema que no tiene que ver con justicia, pero sí que este Gobierno quiere desarrollar plenamente: la comunicación digital del país, para que desde cualquier parte pueda haber acceso fácil a las TIC. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones está trabajando en una campaña muy importante para llevar internet a lugares que nunca lo han tenido. Esto nos servirá para ser más eficientes y tener justicia virtual y buena señal de internet en esos sitios apartados, lo que facilitará el acceso a la justicia, mucho más que edificios y despachos judiciales.

Á. J.: ¿Qué planes de reforma tiene el Gobierno frente a la Procuraduría General de la Nación (PGN) en temas como la participación de esta entidad en el proceso penal y en la imposición de sanciones a funcionarios de elección popular?

N. I. O.: Cuando se iba a hacer la primera reunión de la comisión asesora de la reforma a la justicia, le envié a cada miembro de esta el borrador de los proyectos que tenía el Gobierno: SPA, humanización del sistema carcelario y el que menciona sobre la reforma constitucional que adapta plenamente nuestra legislación interna a lo previsto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que solamente un juez penal puede suspender, inhabilitar o destituir a funcionarios de elección popular y, por lo tanto, se retira esa función de la PGN, sin afectar el resto de sus funciones disciplinarias. Por otra parte, se traslada a la Rama Judicial el personal de la PGN que ejerce funciones de acompañamiento judicial en el SPA y, por lo tanto, se suprimiría o se dejaría como excepcional esa función de la PGN.

Ahora bien, en estas reuniones con la comisión y en otro tipo de foros, ha habido un amplio reparo en el sentido de que esa función judicial de la PGN no solo en el ámbito penal, sino en todos los ámbitos, se traslapa con funciones que ejercen otras entidades o autoridades. Por lo tanto, esos 700 procuradores judiciales, que son personas de carrera y con alta calificación profesional, podrían desempeñar otra función importante para el país, como ser jueces, magistrados o fiscales. Ello, entendiendo que emiten conceptos que no son vinculantes y, seguramente, en los procesos judiciales ya hay suficientes mecanismos para lograr lo que antes hacía la PGN y que paulatinamente han venido desempeñando otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o los jueces de garantías. En ese punto estamos: en revisar la intervención de la PGN en materia penal o en todas las disciplinas y en la adecuación del ordenamiento interno al internacional sobre el juzgamiento de funcionarios de elección popular.

Á. J.: ¿Cómo va la implementación de la Jurisdicción Agraria?

N. I. O.: Esta noticia viene del Consejo Superior de la Judicatura: ya se crearon los primeros cinco juzgados de circuito agrario y rurales, que empiezan a funcionar el 2 de mayo, y la primera sala de tribunal, con tres magistrados, ubicados en sectores priorizados. Ahora bien, vimos que era necesario desarrollar el acto legislativo, a través de una ley estatutaria y una ordinaria. El primer proyecto ya se aprobó en dos debates y el segundo tiene ponencia para primer debate y pendiente de la celebración de audiencias públicas para que inicie trámite en la Cámara de Representantes. Espero que para el mes de julio estos dos proyectos ya estén aprobados.

Á. J.: A propósito de lo sucedido el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia, ¿qué mensaje de respeto a las instituciones le envía al país? ¿Cómo buscarán limar asperezas con las altas cortes de justicia?

N. I. O.: El Gobierno ha respetado, respeta y seguirá respetando cualquier decisión que venga de los jueces y magistrados y, por lo tanto, respeta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y sus tiempos y tiene especial consideración por sus funciones. Que no haya lugar a dudas o engaños. Hay respeto, colaboración y obediencia frente a los jueces y a sus decisiones, en este caso frente a la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, ya trascurridos varios días después de la agitación del pasado jueves, podemos tener más datos y elementos para mirar exactamente lo que ocurrió. Yo que trabajé en el Palacio de Justicia sé que uno se preocupa cuando escucha las voces, ve la algarabía o señalan que la puerta del parqueadero está bloqueada, porque no es la primera vez que esto ocurre, y los jueces, como lo fui, sabemos el profundo significado de que cada acto u omisión siempre tiene repercusiones públicas.

Pero la Corte Suprema de Justicia debe saber que siempre los apoyamos: fíjese que ese día se hicieron presentes el director de la Policía Nacional y el director Administrativo de la Presidencia de la República e, incluso, hablé con el presidente de la Corte Suprema. Finalmente, concluyamos que la gravedad de los incidentes que se presentaron se seguirá evaluando, pero en su momento se resolvieron sin mayores traumatismos. Dicho eso, ojalá, por la salud de la democracia, prontamente tengamos una nueva Fiscal General de la Nación.

Á. J.: ¿Lo ocurrido podría llevar al Gobierno a plantear un cambio en la elección de los altos dignatarios de la justicia?

N. I. O.: Como reflexión, uno podría evaluar si esa forma de elección es la mejor o no, pero cambiarla no está en la agenda del Gobierno.

Á. J.: ¿En qué consiste la emergencia carcelaria que declaró el Gobierno?

N. I. O.: Dados los hechos sobrevinientes de la semana pasada y de este fin de semana, el asesinato de dos guardianes del Inpec y lo sucedido en Tuluá, que parecen muy relacionados con una estructura criminal armada llamada la Inmaculada, y al presumir que algunas de esas actividades pueden provenir desde las cárceles, hemos declarado la emergencia carcelaria, que nos permite apropiar algunos recursos adicionales y tomar medidas extraordinarias. La primera es reforzar la protección inicialmente de la vida de los guardianes del Inpec, con el acompañamiento policial, y otros temas relacionados, como, por ejemplo, el trámite de un seguro de vida que ellos han pedido. El segundo tema se refiere a erradicar con mayor rapidez y contundencia la posibilidad de que se siga delinquiendo desde las cárceles. Eso se logra también con presencia policial desde las cárceles, cuando sea necesario; con mayores actividades de bloqueo de las señales de celulares; con el fortalecimiento de las actividades de inteligencia y con la restricción o limitación de visitas, cuando se compruebe que estas las utilizan las personas privadas de la libertad para enviar instrucciones delictivas

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