¿Qué es lo novedoso de la nueva ley sobre ataques con ácido?

Frente a las tragedias por los recurrentes ataques con ácido en el país, el Congreso de la República ha impulsado normas para proteger a las víctimas.

Desde la promulgación de la Ley 1639 del 2013, a las penas en contra de los agresores con ácido y agentes químicos se les estableció un techo de 10 años de prisión y multas hasta de 54 salarios mínimos; también se determinó un aumento de la pena desde una tercera parte a la mitad en caso de que la lesión se ocasionara en el rostro.

Además, se ordenó la creación de un registro de control para la venta al menudeo de ácidos, álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano.

Así mismo, se creó la ruta de atención integral para las víctimas de ataques con ácidos, que incluye información sobre sus derechos, medidas y recursos con los que cuenta (medios judiciales, administrativos y de atención en salud, hasta la posibilidad de brindar ocupación o continuidad laboral).

Para finalizar, se garantizó a las víctimas servicios, tratamientos médicos y psicológicos y los procedimientos e intervenciones necesarias para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas, sin costo alguno y a cargo del Estado.

La reglamentación del Gobierno

A través del Decreto 1033, el Gobierno determinó que cada venta al menudeo de ácidos obligará al vendedor a suministrar información al Invima sobre el consumidor y la procedencia del producto, este reporte se hará dos veces cada mes. La misma norma define una ruta de atención integral para las víctimas, se les garantizan los servicios de salud necesarios y el acceso a tecnologías no incluidas en el plan de beneficios que puedan servir para su recuperación.

Así mismo, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 4568, adoptando el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos, para que las víctimas de estos ataques reciban en cualquier institución de salud una atención oportuna que reduzca el daño físico y mental y garantice el acceso a la justicia.

Vale mencionar que esta norma incluye la evidencia científica y normativa vigente para que, desde el primer contacto con la víctima, los profesionales de salud y el personal de apoyo conozcan e implementen las intervenciones pertinentes.

¿Qué cambia con la aprobación del proyecto?

La conciliación del proyecto de ley aprobada ayer modifica los siguientes aspectos:

• Aumenta las penas de prisión, las cuales tendrán un mínimo de 150 meses y un máximo de 360, se aumentarían hasta una tercera parte en caso de que la deformidad afecte el rostro, lo cual significaría un máximo de 50 años de prisión.

• Hay incremento en las multas a los condenados, las cuales irían desde los 120 hasta los 3.000 salarios mínimos mensuales.

• En cuanto a la tenencia ilegal, fabricación y tráfico de ácidos y sustancias que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano se establecieron penas de prisión que irían desde los 48 hasta los 144 meses y multas de 133 a 30.000 salarios mínimos.

• Se excluyó la aplicación de beneficios y subrogados penales a los atacantes, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva.

• En cuanto a la atención medica integral, se reitera lo establecido en la Ley 1639 y se establece un lapso de seis meses para expedir una política pública de atención integral a las víctimas del flagelo.

Los que se discute en el Legislativo

Como se ve, el trabajo del Congreso sobre el tema se concentró en el endurecimiento de los castigos penales, aunque vale mencionar que se radicaron ante el Senado dos propuestas sobre este asunto, que continuarán su tránsito el próximo año:

• Proyecto de ley 112/15S. Por medio del cual se modifica el artículo 5º de la ley 1639 de 2013, se crean otras medidas de protección a favor de las víctimas de ataques con sustancias corrosivas y se dictan otras disposiciones.

• Proyecto de ley 115/15S. Por el cual se dictan normas de medidas de asistencia y atención de las personas que hayan sufrido la destrucción irreversible del tejido humano por ataques con agentes químicos y otras quemaduras que generen una discapacidad.

Así, en un periodo corto el Legislativo expediría cuatro leyes relacionadas con los ataques con ácido.