Fiscalía revela nuevo cartel en la justicia: “Los tutelantes”

A raíz de las investigaciones que han sido priorizadas en contra de algunos funcionarios de la Rama Judicial, la Fiscalía informó que los servidores de la justicia deben reforzar sus esfuerzos para fortalecer la transparencia de este poder público.

 

Para el ente acusador, estas investigaciones, especialmente en materia de administración de las penas, tienen que “asegurar que los comportamientos abusivos e indecorosos que han venido ocurriendo al interior de la Rama queden para siempre proscritos”.

 

Debe recordarse que estos hechos empezaron a destaparse luego de que la Fiscalía revelara graves hechos de corrupción en el departamento de Meta. Como se recordará, hace seis meses, en ese departamento se evidenció que una red criminal al servicio de la delincuencia organizada, compuesta por servidores públicos y particulares, que ofrecían beneficios judiciales para brindar libertad provisional o definitiva, así como detención domiciliaria.

 

Según el comunicado, las indagaciones muestran la debilidad institucional en este sistema y hasta qué punto las organizaciones criminales han logrado permearla. (Lea: Niegan demanda a excomisionistas de Interbolsa y deberán pagar $ 400 millones en costas)

 

También se ha logrado establecer que otra estructura criminal ha venido ejecutando pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado, como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y cárceles municipales, entre otras.

 

“Los abogados contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan  la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad”, recalca el pronunciamiento.

 

Vale precisar que la modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo consiste, principalmente, en  la presentación de:

 

-          Acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos.

 

-          Acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad.

 

-          Dictámenes y cartas falsas del Instituto Nacional de Medicina Legal, secretarios de gobierno y directores de cárceles.

 

-          Certificaciones de testigos fallecidos.

 

Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad.

 

Allí, bajo el consentimiento del togado y en coordinación con oficinas de litigantes y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional, consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.

 

Delitos a imputar

 

La entidad destacó que la gran mayoría de las personas privadas de la libertad favorecidas cumplen penas o medidas por delitos de alto impacto como concierto para delinquir, tráfico/fabricación o porte de estupefacientes, homicidios agravados y lavado de activos, entre otros.

 

Así mismo, son exintegrantes de grandes carteles, clanes del narcotráfico y estructuras criminales. (Lea: ¿Qué pasó en el 2017 en materia jurídica?)

 

En efecto, la concertación de todas estas personas ha llevado a la comisión ilícita de varias conductas como son:

 

-          Concierto para delinquir, en concurso con prevaricatos por acción/omisión.

 

-          Falsedad ideológica en documento público/privado,

 

-           Fraude procesal.

 

-          Fuga de presos y cohecho.

 

Los investigados

 

La operación denominada “Los Tutelantes” y las actividades adelantadas por la policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali han permitido la consecución de material probatorio y evidencia física importante, con los que se solicitaron ayer 24 órdenes de captura, de las cuales se han materializado hasta el momento 14.

 

Entre las personas capturadas se encuentran accionantes, testigos falsos, abogados de alto prestigio, servidores públicos de alcaldías municipales (Florida y Miranda), personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (lnpec), particulares y exintegrantes de carteles de narcotráfico.

 

Esta misma semana se llevarán a cabo las audiencias para legalizar las capturas y formular las respectivas imputaciones.

 

Los confesos

 

Finalmente, cabe señalar que a la fecha tanto el Juez 25 Penal Municipal de garantías de la época, César Alpidio Blandón, y el médico Andrés Felipe Moncayo aceptaron su responsabilidad frente a estos hechos.

 

Al primero se le formuló imputación por aproximadamente 20 tutelas prevaricadoras, tramitadas sin asignación ni reparto, ordenando traslado de presos delincuentes de alto perfil a cárceles municipales de baja seguridad.

 

El segundo ya se encuentra condenado en otro caso por los delitos de prevaricato y falsedad ideológica en lo concerniente a la expedición de dictámenes periciales falsos, con el fin de obtener traslados a cárceles municipales. Dentro de la presente investigación se le imputaron hechos similares.

 

Nuevas investigaciones

 

Estas investigaciones sobre el sistema de administración de penas se concentran en diferentes regiones del país y darán lugar a nuevas actuaciones en varias fases, cuyas conclusiones, agregó  el fiscal general Néstor Humberto Martínez, se conocerán en el curso de las próximas semanas.

 

“No podemos permitir que la integridad de la justicia y la eficacia de las penas queden en entredicho por la actividad de unos pocos. A ellos les notificamos que la justicia asumió la revisión del sistema de administración de penas y destapará todas sus irregularidades a nivel nacional”,  concluyó el alto funcionario.

 

Fiscalía, Comunicado, Ene. 31/18

 

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