El documento resulta indispensable para verificar cumplimiento del Auto 841/25 y adoptar decisión definitiva sobre la Ley 2381/24.
El plazo máximo para que las entidades remitan esta información al DAFP es el viernes 30 de mayo del 2025.
Cónyuge, hijos o padres del fallecido pueden solicitar la pensión si cumplen con los requisitos legales.
Se podrán sugerir máximo tres preguntas que solo permitan un “si” o “no” como respuesta.
La medida busca garantizar entornos laborales seguros y libres de violencia, aplicando sanciones ajustadas al tamaño de la empresa y su capacidad económica.
Todas las entidades de la Rama Ejecutiva deberán integrar a los jóvenes al SG-SST vigente.
El Congreso debería aprobar la consulta a pesar del riesgo que implica la redacción de las preguntas, sin que exista un control judicial previo, como se ha indicado en precedencia.
