La Corte Constitucional analizó tres acciones de tutela en las que se solicitó la protección de la estabilidad laboral reforzada de mujeres que estaban en situación de debilidad manifiesta por su condición de salud. Afirmaron que fueron desvinculadas de sus empleos, ya sea de manera directa o mediante renuncia inducida, mientras estaban en incapacidad médica o tenían diagnóstico que las ubicaba en debilidad manifiesta.

El alto tribunal concluyó que se vulneraron los derechos a la estabilidad laboral reforzada, seguridad social y mínimo vital, toda vez que las accionantes fueron desvinculadas de sus empleos sin que mediara autorización del Ministerio del Trabajo. Se ordenó (i) el reintegro, si así lo desean, a un cargo igual o de condiciones similares al que desempeñaban al momento de la terminación del contrato, compatible con su estado de salud y que garantice el cumplimiento de las recomendaciones médicas formuladas. (Lea: Estabilidad laboral reforzada aplica aunque no se acredite disminución de capacidad moderada, severa o profunda)

Así mismo, (ii) el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro, junto con los aportes correspondientes al sistema de seguridad social; (iii) el pago de una indemnización equivalente a 180 días de salario, conforme al artículo 26 de la Ley 361/97 y, (iv) en caso de reubicación en un cargo distinto, la capacitación necesaria para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

La Corporación recordó que la renuncia del trabajador es uno de los modos previstos por la ley para que el contrato de trabajo termine, siempre y cuando sea un acto espontáneo de su voluntad para terminar el contrato, es decir, debe estar libre de toda coacción o inducción por parte del empleador, so pena de ineficacia jurídica. Cuando se pueda evidenciar que la decisión de renuncia se tomó por presión ejercida por el empleador, se deben proteger los derechos que resulten vulnerados.

En estos eventos, se debe conceder un amparo definitivo y ordenar el reintegro del trabajador, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la desvinculación. Así las cosas, un trabajador beneficiario de estabilidad laboral reforzada puede terminar su contrato de trabajo a través de una renuncia, pero este acto debe ser espontáneo, libre de coacción y producto de su voluntad. De lo contrario, se debe declarar nulo el acto de renuncia (M. P. José Fernando Reyes Cuartas).

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