Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.
Para acceder a ella es necesario acreditar la afiliación al SGSSS en calidad de cotizante y en estado activo.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
La defensa demostró que no existió el convencimiento ni el conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad de los acusados sobre el delito de concusión.
No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
La Ley 2195 del 2022 no cambió la forma en que se perfeccionan los contratos suscritos por las entidades exceptuadas.
La entidad señala que los cambios podrían implicar riesgos operativos en el trabajo conjunto de la institución con las fuerzas militares.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
