Tanto la protección constitucional reforzada como las disposiciones internacionales y legales que regulan la accesibilidad y protegen los derechos de estas personas determinan las obligaciones a nivel arquitectónico y de infraestructura.

Aunque no es un requisito de validez, facilitaría el procedimiento en eventuales reclamaciones por terminación injusta.

Después de casi tres meses de espera, la Corte Constitucional dio a conocer el texto de la providencia que declara la exequibilidad general del Decreto 903 del 2017.

Varios artículos del Decreto 1736 del 2012, a través del cual, supuestamente, el Gobierno corregía algunos yerros incorporados en el CGP desaparecen del ordenamiento.

La Corte Constitucional estimó que al no acreditar el vínculo laboral en debida forma la accionante no tenía derecho a la protección laboral reforzada.

La Sección Tercera del Consejo de Estado recuerda las obligaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial al momento de identificar e individualizar a quienes capturan.

La Corte Constitucional ordenó a la entidad accionada abstenerse de llevar a cabo acciones u omisiones contrarias a la garantía del derecho fundamental a la identidad de género de los trabajadores, y realizar adecuaciones a sus manuales internos.

Ante el Ministerio de Transporte se deberá tramitar y obtener la respectiva aprobación de funcionamiento de los SAST, la autoridad de tránsito deberá contar con el concepto técnico de la ANSV.

La Supersociedades se reserva el derecho a archivar solitudes y continuar con el proceso de sanción, si la información no resulta útil.

Así mismo, un concepto reciente explicó la forma en que deben proceder las empresas cuando hay varios lugares de trabajo separados.