Este nuevo ministerio dispondrá de un año, desde la publicación de la presente ley, para adecuar sus procedimientos y operaciones a la nueva naturaleza jurídica y estructura administrativa.

La ley ordena crear un plan de adaptación para que los trabajadores de la industria puedan tener una alternativa de trabajo y prohíbe despedir o terminar el contrato de quienes laboran en el sector.

Por regla general, es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de los asuntos relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública.

Aplica en aquellos eventos en que el asegurado y/o beneficiario es una persona diferente al tomador o suscriptor.

La normativa no prohíbe el pacto de elementos accidentales como manifestación del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Según el fallo, cuando una persona promueve la misma acción ante diferentes operadores judiciales se puede configurar esta conducta, que involucra un elemento volitivo negativo por parte del accionante.

Además, para que proceda el despido, es necesario que exista una justa causa y la respectiva autorización de la Oficina del Trabajo.

La Superintendencia de Industria y Comercio hizo algunas peticiones a las empresas con el fin de evitar vulneraciones al derecho fundamental de la protección de datos personales.

En desarrollo del principio de libre valoración de la prueba, el juez puede apartarse de los fundamentos técnicos y prácticos del dictamen pericial.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que al no ser un delito de resultado, sino de mera conducta y de ejecución instantánea, no es necesario acreditar la efectiva realización de las relaciones sexuales.