Para la Corte Suprema de Justicia, el procesado actuó bajo la creencia errada del derecho de corrección.

Las medidas tomadas por el Presidente, a la luz de los estados de excepción, no pueden entenderse como dirigidas a impedir las reuniones del Legislativo.

Es tiempo de reinventar el empleo, privilegiando su cobertura y formalidad, pero siendo conscientes que para lograrlo muy seguramente habrá de aminorar algunos costos.

Es fundamental que la Corte Constitucional se convierta en el foro nacional para reflexionar sobre la relación entre autoridad y libertad que la emergencia por covid-19 ha puesto sobre la mesa.

Durante la emergencia, las ARL deberán asumir los costos que se deriven de las pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas.

En el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa debe separase el órgano que ejerce la función instructora o investigativa de la que ejerce la función sancionadora propiamente dicha.

El jefe de Estado indicó que al momento de tomar las decisiones se evaluaron, de la mano del equipo de expertos y científicos, los indicadores estratégicos sobre el comportamiento de la pandemia en Colombia.

Según la entidad, al igual que las personas jurídicas, constituyen una fuente importante de empleo formal en el país.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con José Luis Hernández Carrión, subdirector general de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia de España.

El derecho a impugnar el fallo condenatorio también puede ser aplicado de forma retroactiva a todos los aforados cuyas sentencias condenatorias se profirieron en el marco de procesos de única instancia.