Este incremento, señaló el Defensor del Pueblo, aplica a partir del próximo 1 de julio y cubre hasta el 31 de diciembre del 2024.

Actos administrativos que han perdido fuerza ejecutoria son susceptibles de control judicial.

Accionado debe cumplir las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Dichas medidas deben ofrecer alternativas de reubicación o de tránsito a la formalidad para continuar recibiendo ingresos.

Se declaró de oficio excepción de inconstitucionalidad en materia disciplinaria respecto del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 1551/12.

Constituyen expresión de la autonomía de la voluntad de los contratantes.