La propuesta busca igualar la duración de las licencias de paternidad y maternidad y contempla impactos económicos y sociales.

El Gobierno tiene seis meses para reglamentar la aplicación de la norma en los diferentes niveles del poder público.

El juez de instancia no podía remitirse al Acuerdo 049 de 1990 para conceder incrementos por fuera de lo debido legalmente.

En el caso analizado, si bien los cargos eran similares, las funciones asignadas eran diferentes.

El Ministerio del Trabajo no allegó las nóminas de la fecha cuestionada, por lo que no contó con pruebas idóneas para cotejar.

El gremio de transportadores expresa satisfacción tras años de lucha por sus derechos.