La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda contra el acto administrativo que certificó el hundimiento de las 16 circunscripciones de paz, por considerar que cumple los presupuestos exigidos en la Ley 1437 del 2011 para estudiar de fondo la solicitud.

La SIC explicó que la información completa y veraz respecto de los productos y servicios ofrecidos hace parte de los derechos exigibles de los consumidores, en virtud de la relevancia jurídica de la relación comercial.

Un fallo de la sala de descongestión laboral precisa los requisitos necesarios para ser beneficiario de este régimen de la Ley 100, así como también los necesarios para recuperar el régimen.

Si bien en los cargos provisionales o de libre nombramiento y remoción no existe estabilidad laboral reforzada, se deben observar ciertos parámetros antes de proceder con la desvinculación esta población.

El Gobierno estableció las tarifas para expedición de pasaportes, de visas y actuaciones consulares como la apostilla y legalización de documentos.

La hipótesis legal no es suficiente para abrir las puertas del trámite de la acción fiscal, indicó la Contraloría.

El hecho de vivir en el territorio en el que opera el cabildo responsable del fallo condenatorio no era suficiente para activar la actuación de la jurisdicción especial indígena, precisó el Consejo de Estado.

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca advierte de la apertura de un incidente de desacato si el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no cumple con lo ordenado. La polémica sigue abierta.

En un reciente concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública precisó que las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad y, por ende, sometidas a la Ley 1314 del 2009.

El alto tribunal dictó diferentes órdenes con la finalidad de proteger los derechos fundamentales de estos grupos, superar las prácticas inconstitucionales observadas y desbloquear la respuesta institucional.