La Superintendencia de Sociedades explica cómo esta situación se contrapone a los mandatos de la Ley 1527 del 2012, modificada por la Ley 1902 del 2018.

La Corte Constitucional recordó y reiteró los principales pronunciamientos en torno a la protección iusfundamental de esta población.

Las reclamaciones presentadas se pagarán dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredite, aun extrajudicialmente, el derecho.

La aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005 no desconoce el principio de progresividad contenido en los pactos internacionales ratificados por Colombia, indicó el fallo.

Estos magistrados serán los encargados de dirigir y representar los objetivos misionales y los desafíos de la Rama Judicial para el 2019.

La nueva resolución incluye los valores por la expedición de certificados, también para la vigencia 2019.

Los valores se liquidan teniendo en cuenta el monto del salario mínimo adoptado mediante el Decreto 2541 del 2018.

Sin embargo, el ordenamiento sí ordena adscribir a sus afiliados y a su núcleo familiar a una IPS primaria en el municipio donde residen o en un lugar cercano que sea de fácil acceso.

Esta conducta está tipificada en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007, como falta disciplinaria relacionada con la debida diligencia profesional.

Pese a que el ordenamiento jurídico no prevé disposición alguna que establezca la forma y el plazo de esta operación, la Superintendencia Financiera explica quién puede hacerlo.