Resumen semanal de las decisiones de la Corte Constitucional sobre normativa por coronavirus

La Sala Plena virtual de la Corte Constitucional sigue su revisión, a partir del control automático de la constitucionalidad, de toda la normativa expedida por el Gobierno Nacional relacionada con el estado de emergencia y la pandemia del coronavirus.

En efecto, el alto tribunal informó que, esta semana, se encontraron ajustados a la Constitución Política varios decretos legislativos, pues cumplieron los requisitos que establece la Carta Política para su expedición.

Estos fueron uno de los decretos que recibieron el visto bueno del máximo juez de la jurisdicción constitucional:

1. Decreto 818 del 2020, en el cual se adoptan una serie de medidas especiales para la protección y mitigación del impacto del covid-19 en el sector cultura. Agregó una lista de servicios artísticos prestados para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas que estarán excluidos del IVA.
   
    
2. Decreto 814 y 659 del 2020, autorizan la entrega de una transferencia monetaria adicional y extraordinaria para los programas sociales, en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.
   
    
3. Decreto 773 del 2020, modifica la fecha de presentación del marco fiscal de mediano plazo para la vigencia fiscal 2020, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 637 del 2020.
   
    
4. Decreto 816 del 2020, se hacen modificaciones a la administración del Fondo Nacional de Garantías. Y es que dada la evolución negativa que se evidencia en la casi totalidad de los sectores productivos del país, se hizo necesario modificar parcialmente el Decreto 492, del 28 de marzo del 2020, para ampliar los sectores a atender con el Fondo Nacional de Garantías, tales como comercio, servicios, industria, agroindustria y exportador, o a otros sectores o programas o a personas naturales o jurídicas que hayan sufrido efectos adversos en su actividad económica causados por la pandemia.
   
    
5. Decreto 805 del 2020, en el cual el Gobierno Nacional creó un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país, en el marco de la emergencia producida por el coronavirus. 
   
    
6. Decreto 796 del 2020, fijó una serie de medidas para atenuar los efectos del coronavirus en la producción agropecuaria. La intención del Ejecutivo es facilitar la recuperación de los pequeños y medianos productores agropecuarios afectados por la emergencia sanitaria y promover liquidez en el campo colombiano.

Finalmente, se declaró inexequible el Decreto 797, que reguló temporalmente la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios, dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus.

La norma aplicaba a los contratos de arrendamiento que desde el 10 de junio no habían podido ejercer actividades económicas, como bares, discotecas, billares, cines, teatros y servicios religiosos, entre otros.

Los arrendatarios podían terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento, hasta el 31 de agosto de 2020, pagando el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que procediera cualquier otra penalidad.

Para el alto tribunal, además de innecesario, el decreto tampoco superó el juicio de no contradicción. Y enfatizó que el Código Civil y el Código de Comercio tienen diversos instrumentos para superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual.