La Corte Constitucional también condicionó una expresión contenida en el párrafo 3 del artículo 10 y el artículo 22 del Decreto 770 del 2020.

Cada seis meses, en cuanto sea conveniente o necesario, la JEP debe ajustar las medidas adelantadas.

La providencia precisó cómo se resuelve el vacío normativo cuando no existe norma expresa sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias relacionadas con un prestador de servicios públicos domiciliarios.

Este decreto va dirigido a los servidores públicos y contratistas del Estado que estén prestando sus servicios desde la casa, en el marco del artículo 11 del Decreto Legislativo 491 del 2020.

Es importante advertir que salvó parcialmente su voto el magistrado Alberto Rojas, porque, en su criterio, los artículos 3, 6, y 8 debieron declararse inconstitucionales.

Se trata de un decreto que autoriza a Findeter a crear una línea de redescuento destinada a financiar total o parcialmente los rubros más representativos de la operación de las instituciones de educación superior públicas o privadas.

Algunas gestiones específicas del Gobierno y del Consejo Superior de la Judicatura para la implementación de soluciones económicas y tecnológicas no han desconocido los derechos fundamentales de los abogados.

La imposición de esta clase de sanciones es ilegal y, en caso de haberse exigido, las mismas no deben cobrarse.

Ante la respuesta del Ejecutivo a la tutela que le ordena garantías para la protesta pacífica, el país se pregunta si esto puede considerarse un desacato y cuáles serían las consecuencias de desconocer un fallo de una alta corte de justicia.

Es claro que el debate sobre el periodo de los magistrados en EE UU lo motivó la situación de la magistrada Ginsburg en las postrimerías de su muerte.