En el caso objeto de estudio, se reconoció la existencia de una unión marital de hecho a favor del accionante, pero no la sociedad patrimonial.

Esta obligación por parte del empleador debe ser entendida como un derecho del trabajador que no prescribe.

Esta inoponibilidad es una garantía que tienen los terceros adquirentes de buena fe para que un negocio no los afecte cuando no se cumplió el requisito de publicidad.

El alto tribunal consolidó un precedente sobre la capacidad sancionatoria de la Procuraduría diferente a las exigencias convencionales sobre derechos políticos de funcionarios de elección popular.

El Ejecutivo precisó algunas reglas en materia de publicidad y participación ciudadana en relación con los proyectos específicos de regulación.

Se trata de una norma expedida durante el Gobierno Santos, para reglamentar el trámite de integración de las ternas de candidatos a magistrados del alto tribunal.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado anunciaron sus respectivos encuentros académicos, los cuales se llevarán a cabo desde el 24 de septiembre y hasta el 1 de octubre.

El alto tribunal dio a conocer que siete decretos legislativos pasaron la revisión constitucional, mientras que un decreto, el 797, se retiró del ordenamiento jurídico.

No podría afirmarse que toda culminación por no superar el periodo de prueba durante la crisis vulnera derechos laborales.

Según los accionantes, se genera una trasgresión a la Constitución, precarizando así relación laboral y desconociendo las condiciones dignas y justas que califican el concepto de trabajo.