Así se imponen las sanciones por infracciones urbanísticas

Dentro de las funciones otorgadas a la administración pública se encuentra la inspección, control y vigilancia de los asuntos de su competencia, lo que incluye la facultad de imponer sanciones, precisó la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En ese sentido, un fallo aseguró que el legislador dotó a los representantes legales de algunos entes territoriales con la potestad de imponer sanciones en contra de particulares por la comisión de infracciones urbanísticas. (Lea: Precisiones sobre la expropiación administrativa para determinar el valor de la indemnización)

El alto tribunal administrativo explicó que el ejercicio de dicha facultad se encuentra limitado desde dos perspectivas:

i. Una de tipo sustancial, relativa a la aplicación de los principios y garantías que se decantan en la cláusula general del debido proceso, que moderan sin lugar a dudas la puesta en marcha de la potestad de sanción y

ii. Otra de naturaleza temporal, pues esta debe ser desarrollada en los plazos establecidos en el sistema jurídico. (Lea: Abren concurso de méritos para selección de curadores urbanos)

Así las cosas, dentro de los tres años siguientes a la ocurrencia del hecho que pueda conllevar sanción la autoridad debe haber expedido el acto principal (que impone la reprimenda) y su consecuente notificación, sin importar que en ese plazo se hayan decidido o no los recursos administrativos impuestos en contra del mismo (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 25000232400020090029901, May. 31/18.