La transformación digital de la Justicia ya ha empezado mucho antes de la pandemia, pues todas las actividades indicadas en el Decreto 806 están contempladas en la tecnología de Softplan con la garantía de seguridad de datos que exige los trámites judiciales.

Son múltiples las decisiones que se han tomado para agilizar el acceso de los usuarios y garantizar su salud y la de los funcionarios y servidores públicos.

Fueron expedidos más de 200 decretos para implementar acciones en diferentes sectores.

Con la modernización se estima que los ciudadanos ahorrarán, en promedio, $ 120.000 por proceso, $ 33.600 millones al año. En cuatro años el número de procesos con notificaciones digitales pasaría de 140.000 a 1.120.000 por año.

El Consejo Superior de la Judicatura había dejado a discrecionalidad de los consejos seccionales determinar el porcentaje máximo de concurrencia presencial. El rango del aforo está entre el 20 % y el 50 %.

El juez de tutela debe tener en cuenta que, en ocasiones, la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió el límite de aforo del 60 % para la atención y acceso a las sedes judiciales, una de las medidas adoptadas durante el 2020 para hacer frente a la pandemia por covid-19.

Se publicó una base de datos con 8.847 cuentas, allí el usuario puede filtrar por departamento, ciudad, corporación o despacho y la especialidad, los resultados arrojarán si el despacho consultado está disponible y los que no aparecerán marcados en rojo con la leyenda “En Vacancia Judicial”.

Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado. Sin embargo, se podrá solicitar que las notificaciones sucesivas no se realicen digitalmente.

El Consejo Superior incrementó otro 10 % la capacidad de ingreso, pues el pasado 10 de noviembre la había aumentado del 30 % al 50 %.