Entre las medidas más destacadas del proyecto se encuentra la prohibición de contratos de publicidad y propaganda personalizada que promuevan la gestión del Gobierno.
Confirman responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte de un agricultor al que hicieron pasar como militante de las Farc.
El colegio accionado deberá modificar manual de convivencia mediante proceso que involucre a toda la comunidad educativa.
El demandante sostiene que ni el artículo 330 constitucional, ni la Ley 21 de 1991 revisten de facultades legislativas extraordinarias al presidente de la República.
Este protocolo establece directrices sobre la provisión y devolución de recursos en situaciones donde las decisiones administrativas de la UGPP sean anuladas parcial o totalmente.
Es una barrera injustificada que contraría la dignidad, autonomía e igualdad de personas en condición de discapacidad.
Consejo de Estado ratificó su competencia para conocer sobre la nulidad de normas que exceden la potestad reglamentaria.
Los vicios redhibitorios hacen que el bien entregado no sirva para su uso normal o sirva de forma imperfecta.
Se trata de una abogada egresada de la Universidad de Santander.
Se presentan siempre que el contrato se haya pactado a precios unitarios y exista acuerdo expreso e inequívoco.
Las empresas que no cuenten con la autorización correspondiente quedarán sujetas a sanciones, incluyendo la suspensión de licencias.
La Superintendencia de Salud supervisará los incumplimientos en el envío de información de estos documentos y aplicará sanciones.
La solicitud no implica sustitución de la sustitución pensional, pues esta figura no está prevista en el ordenamiento.
Algunas situaciones ameritan un esfuerzo conjunto y sostenido de la institucionalidad para mejorar condiciones de vida y bienestar.
Único evento que suspende el término de caducidad es la presentación de la solicitud de conciliación ante el Ministerio Público.
La nueva orientación busca garantizar decisiones coherentes y transparentes, mitigando riesgos judiciales y promoviendo la confianza en el sistema educativo.
El objetivo principal del concurso es cubrir todas las notarías que aún no se encuentren asignadas en propiedad.
Se requiere un análisis de las afectaciones al derecho a la seguridad social y a la posibilidad de acceder a una pensión.
El alto grado de exaltación e indefensión del conducido activa el deber de protegerlo de su propia conducta.
Se modificaron los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia.
Uno de los aspectos fundamentales para la autorización de la operación es la presentación de un estudio de factibilidad.
El documento tiene más de 200 páginas y buscar unificar la normativa y directrices de la gestión jurídica del Distrito Capital.
Los servicios financiados con recursos de la UPC abarcan desde promoción y prevención hasta tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, garantizando una atención integral.
Este trabajo forma parte de la estrategia ‘Búsqueda inversa: hacia el encuentro familiares y allegados de personas desaparecidas’.
Este grupo significativo de ciudadanos actualmente se encuentra disuelto.
La licencia parental compartida permite a los padres repartir las últimas seis semanas de la licencia de maternidad, siempre bajo ciertos requisitos y condiciones laborales.
Entre las principales modificaciones se incluyen ajustes en los derechos por el registro y renovación de la matrícula mercantil.
Autoridades militares deben adoptar las medidas necesarias para la suspensión y autorizaciones especiales.
La accionada dejó de lado la preocupación por la efectividad de los derechos para centrarse en aspectos meramente formales.
La decisión tiene carácter transitorio, pues compete al Congreso expedir el estatuto legal correspondiente.
Se deben respetar los límites de las acciones constitucionales, diseñadas exclusivamente para seres humanos.
Ministerio del Interior deberá crear protocolo con directrices frente a posibles conflictos y situaciones de emergencia.
Reportan cambios normativos de la Ley de Emprendimiento para beneficio de las mujeres.
Generan sobrecostos en las entidades estatales, pues tienen que invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista.
La Sala de Consulta y Servicio Civil emitió un concepto por solicitud del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Deben entenderse como el tiempo en que el trabajador debe estar a disposición para responder a requerimientos.
Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial que usen herramientas de IA deberán evitar el uso de chatbots generales o comerciales en sus versiones gratuitas.
Existe una inadecuada respuesta institucional para garantizar el acceso digno, continuo y respetuoso a los servicios de salud mental.
Conciliada y aprobada la propuesta por las plenarias del Congreso de la República, descargue el texto definitivo.
Publican fallo que amparó el debido proceso administrativo de un funcionario al que se le negó solicitud de traslado.
La accionada deberá tomar medidas para garantizar enfoque diferencial al momento de estudiar solicitudes de adecuación.
Los mensajes emitidos ponen en entredicho la honorabilidad, integridad y eficacia con la que actúa el alto tribunal.
Aplican reglas de interpretación de los contratos del Código Civil, sobre intención de los contratantes y aplicación práctica.
Cinco exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron condecorados por su valentía en defensa de la independencia judicial y la justicia en Colombia.
No le es permitido a ninguna colectividad política desconocer normas de rango constitucional y legal sobre lealtad partidista.
El accionante no tenía la calidad de director de establecimiento educativo y, por lo tanto, no era ordenador del gasto.
Las decisiones judiciales previas eran fundamentales para evaluar la configuración o no del fenómeno de cosa juzgada.
Antes de inscribir su candidatura por una coalición con aval de Alianza Verde, renunció al partido Dignidad & Compromiso.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, lo califica como “un hito histórico que dota de autonomía y grandeza procesal la justicia social de nuestro país”.
La ceremonia será transmitida hoy a partir de las 10:00 a. m. a través de las redes sociales del Consejo Superior de la Judicatura.
Contra el acto administrativo de ejecución que declara la insubsistencia de un empleado no proceden recursos.
Alcalde ostenta autoridad civil y política, aunque falte temporalmente y encargue a otro funcionario de la administración.
Este plan sería de obligatorio cumplimiento en los municipios rurales y priorizaría zonas afectadas por el conflicto armado.
La ceremonia será transmitida a partir de las 10:00 a. m. a través de las redes sociales del Consejo Superior de la Judicatura.
Un aspecto destacado de esta legislación es la introducción de modalidades de votación remota.
Parroquia, como administradora de cementerio, vulneró los derechos a la libertad religiosa y debido proceso de la accionante.
Normas procesales de la jurisdicción contencioso administrativa no aplican a controversias en la especialidad laboral.
La disposición admitía una interpretación contraria a la Constitución y, por lo tanto, era necesario condicionar su contenido.
Participaron 112 indígenas, 4 gitanos y 426 personas de poblaciones negra, afrodescendientes, raizales y palenqueros.
Se modificó el artículo 217 de la Constitución Política cambiando el nombre de la Fuerza Aérea por el de Fuerza Aeroespacial.
Según la demanda, la primera vicepresidencia está reservada para colectividades o fuerzas políticas minoritarias.
La tutela no puede usarse para revivir oportunidades procesales que precluyen por falta de diligencia del presunto afectado.
La intención es sistematizar los principios del derecho agrario dispersos en la legislación y la jurisprudencia; distribuir competencias entre juzgados, tribunales y altas cortes y establecer reglas procesales especiales para el mundo agrario.
Estas reglas de unificación son de trámite, pues el Congreso debe expedir el estatuto legal que defina el principio de reserva judicial.
El principal objetivo de esta reforma es combatir la corrupción en el proceso electoral y garantizar que el sistema sea confiable.
No obstante, este trámite administrativo no desdice del carácter ejecutivo de las providencias judiciales.
Exconsejera de Estado Stella Conto Díaz interpuso tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Inexequibles varias expresiones del artículo 23 de la Ley 1561 del 2012, sobre otorgamiento de títulos de propiedad.
Los organizadores deberían prever un espacio para que aquel pueda hacer una corta réplica a lo manifestado en el debate.
Pertenecerán a las secciones Segunda, Tercera y Cuarta.
Se obligaría a los fabricantes a proporcionar detalles completos sobre los cigarrillos electrónicos y dispositivos de nicotina, en cumplimiento de la Ley 1480 del 2011.
Se desconocieron los principios de consecutividad e identidad flexible, que dotan de racionalidad al trámite legislativo.
Las personas naturales y jurídicas que hayan realizado pagos en exceso tienen un plazo de cinco años para presentar su solicitud.
Publican texto del fallo que declaró inexequible con efectos retroactivos una expresión de la Ley 2195 del 2022.
La demandada deberá aplicar enfoque diferencial positivo a la hora de retirar estudiantes que pertenezcan a grupos vulnerables.
El proyecto plantea integrar a entidades como el Dane, la Registraduría y Medicina Legal en el manejo de reportes.
Si bien se están adelantando los trámites necesarios para la convocatoria, no se ha cumplido lo dispuesto en la norma.
Para la manipulación de pólvora en los estadios se deben cumplir requisitos técnicos, de seguridad y autorizaciones locales para garantizar la seguridad en los eventos deportivos.
Niegan tutela a congresistas y hacen precisiones sobre otros mecanismos como el control de nulidad por inconstitucionalidad.
La directiva promueve actividades que permitan la participación de mujeres trabajadoras en eventos conmemorativos.
El pago de este beneficio estará disponible hasta el 6 de diciembre.
Para el demandante, se limita la protección de los derechos e intereses colectivos.
El proceso de elección constaría de siete fases principales: convocatoria, postulación, verificación de requisitos, votación, escrutinio, desempate y declaración de elección.
La falta de gestión en el cobro de aportes impactó en la posibilidad del reconocimiento de la pensión de vejez de la accionante.
Se debe entender en el aspecto territorial, es decir, como la porción territorial en cuyo ámbito se ubican distintos municipios.
La resolución detalla los pasos a seguir y los criterios que deben cumplir los colegios para ser considerados en este proceso.
En la solicitud de facultades extraordinarias no se hizo mención a un régimen de contratación excepcional.
Se debe evaluar si al aplicar las reglas jurisprudenciales unificadas se ponen en riesgo los derechos fundamentales del demandante.
Un criterio es que la agresión permita inferir una violencia superior a aquella que desplegaría un agresor no combatiente.
Protegen derechos de líder social y de consejo comunitario por finalización de medidas de protección colectivas.
Registraduría adoptó política para prevenir violencia de género y discriminación en el entorno laboral
Se podrían imponer sanciones de hasta 100 salarios mínimos mensuales e inhabilidad para ejercer la actividad.
La decisión cuestionada tuteló los derechos fundamentales de un funcionario de carrera judicial al que se le había negado traslado.
La guía ofrece conceptos claros y accesibles sobre diversidad, identidad de género, orientación sexual y expresiones de género.
Se deberá publicar una ruta sobre cómo acceder a visa que permita trabajar legalmente mientras se resuelve refugio y/o PPT.
Solo el acto administrativo que termina la actuación sancionatoria es demandable ante la jurisdicción contenciosa.
Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (11 al 15 de noviembre).
Nueva ley facilita acceso a vivienda con créditos hipotecarios y ‘leasing’ habitacional.
Tribunal de Cundinamarca revoca decisión proferida por el juzgado de primera instancia.
Se ordenó adoptar protocolo dirigido a mantener la reserva de la información de las historias clínicas de los trabajadores.
Se identificaron bloqueos y prácticas inconstitucionales que impiden una participación real y efectiva de estas comunidades.
El objetivo fue precisar el papel y la importancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la estructura del Estado.
El reconocimiento histórico estuvo a cargo del director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés.
Los proyectos productivos incluirán apoyos a organizaciones y formas asociativas campesinas para impulsar el desarrollo económico y ecológico en Colombia.
Se debe proteger el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado interno prolongado.
Congreso deberá valorar conveniencia de medidas que protejan a la mujer embarazada que presta servicio militar voluntario.
Este proyecto buscaría garantizar una atención equitativa y efectiva, promoviendo la coordinación entre diferentes actores del sistema de salud.
Entidad facultada para fijar y modificar límites de entidades territoriales es la misma que debe solucionar conflictos limítrofes.
Este proyecto buscaría ofrecer apoyo emocional y social a estas comunidades, en especial a aquellas que enfrentan desafíos derivados de la migración y el desplazamiento.
En un evento público, el mandatario pidió respaldar a un candidato de otro partido indicando tarjeta electoral.
Una de las principales características de la nueva versión es la unificación de criterios en materia disciplinaria, lo que garantiza la uniformidad en las decisiones.
Rubiano es médico cirujano y especialista en salud pública, ha ocupado roles clave en la administración de servicios de salud en Bogotá y a nivel nacional.
Este proceso de selección estará abierto desde el 8 de noviembre hasta el 6 de diciembre.
En el año 2024, los docentes y directivos docentes percibirán por concepto de bonificación pedagógica un valor equivalente al 24 % de la asignación básica mensual.
La UNP no tuvo en cuenta la vulnerabilidad asociada a los desplazamientos que su labor le exige al accionante.
Relación de sujeción con el Estado no permite limitar el derecho fundamental a la salud de los privados de la libertad.
La medida, que beneficiará a migrantes y personas con VIH, busca controlar el aumento de casos y reducir los costos del tratamiento.
Estos proyectos incluyen la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana.
El demandante no cumplió con la carga de la prueba, porque no acreditó las circunstancias de modo del accidente de tránsito.
Este sistema buscaría mejorar la gestión de los procesos judiciales, reducir la carga fiscal derivada de condenas contra entidades públicas.
Esta medida tiene como objetivo establecer requisitos específicos para los profesionales de cambio que deben facturar electrónicamente.
Escandón tiene un destacado perfil académico y una sólida trayectoria internacional en temas laborales y de derechos humanos.
Según los demandantes, la cuestionada, en su condición de candidata a la gobernación del Chocó, estaba obligada a ser solidaria con los candidatos avalados por su colectividad política.
Amparan derecho al debido proceso administrativo de funcionario de carrera de la CNDJ a quien se le negó un traslado.
Ministerio de Relaciones Exteriores se negó a expedir pasaporte, sin indicar otra alternativa que permitiera brindar una solución.
Concesión de una licencia ambiental a constructora afectó derechos al uso del espacio público y a un ambiente sano.
Los aspirantes deben presentar documentación y cumplir con requisitos específicos para ser admitidos en el registro.
No cumplía con los requisitos previstos en el CPACA sobre procedencia y contenido y alcance de medidas cautelares.
El beneficio no es un derecho que se adquiere mecánica o automáticamente por el simple transcurso del tiempo.
Las investigaciones revelaron fallas en la liquidación de precios y omisiones en los costos de transporte y acopio de la leche, lo que distorsiona el mercado.
Se trata del resarcimiento encaminado a mitigar los efectos adversos que produce al acreedor la mora en el cumplimiento de las obligaciones.
Revocan nulidad de elección del concejal de Pamplona (Norte de Santander) 2024–2027 Pablo José Rojas Espinosa.
De acuerdo con el alto tribunal, el Ministerio de Minas y Energía tiene competencia para la elaboración de políticas públicas generales para toda fuente de energía.
Administración puede ejercer su facultad cuando la razón o el fundamento sea sustancialmente distinto al invocado en la demanda.
Esta plataforma fue creada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Penales y se espera que contribuya al seguimiento efectivo de las decisiones de los magistrados.
Es vital que estos pacientes cuenten con una revisión y control a fin de monitorear su evolución y diagnosticar eventuales afectaciones.
Las autoridades judiciales accionadas aplicaron erróneamente caducidad de reparación directa en presuntas ejecuciones extrajudiciales.
El proyecto se enmarca dentro de la Ley 2297 del 2023, que busca fortalecer la protección y los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadores en el país.
Mediante auto del 2024, se estableció la existencia del mencionado vicio y se consideró que era subsanable.
El compromiso de Colombia con la justicia ambiental se refuerza con el Acuerdo de Escazú y la protección de las comunidades vulnerables.
La Ley 418 de 1997 no restringe su ámbito de aplicación temporal en relación con la fecha de ocurrencia del hecho victimizante.
Si se trata de una decisión preparatoria o instrumental que vulnere derechos fundamentales, procede excepcionalmente el amparo.
Si bien las CAR no prestan servicios públicos domiciliarios, pueden ejecutar obras para garantizar saneamiento ambiental.
Errores en la identificación permitieron que el cuerpo terminara en una fosa común del cementerio del sur de Bogotá.
Deben tramitar de manera oportuna los reclamos que los usuarios realicen para actualizar o corregir información.
Se presenta una hoja de ruta para 2025, que busca mejorar la atención a víctimas de trata y fortalecer la cooperación en zonas fronterizas.
Quedan exceptuadas las APP, los contratos donde existan más de dos partes, los concursos de arquitectura y la enajenación de bienes a título gratuito.
Esta política tendría como objetivo mejorar el acceso a la atención en salud para la población rural y las zonas dispersas del país.
El demandante sostiene que la Constitución es clara al establecer un régimen especial solo para el Distrito Capital.
No se logró demostrar la infracción al régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.
La decisión se relaciona con irregularidades en mantenimiento de vías, construcción de pavimentos y canalización de un arroyo.
Esta acción es un mecanismo eficaz si se tiene en cuenta que la solicitud de tutela fue presentada a puertas del vencimiento de la lista de elegibles.
No debe adoptarse decisión de fondo sobre si se produjo un daño antijurídico y en este caso el juez debe inhibirse de fallar.
No existe conexidad entre la norma cuestionada y el eje de transformación productiva, internacionalización y acción climática del PND.
Las comunidades podrían participar como operadores catastrales, garantizando la precisión de la información territorial.
La iniciativa se enmarca dentro de la política nacional de drogas 2023-2033 y busca una acción coordinada entre diversas entidades del Estado.
La estrategia abarca seis áreas específicas que pretenden generar un impacto directo en temas clave como la reforma rural y la seguridad territorial.
Según el demandante, la reserva de información es una restricción irrazonable y desproporcionada que desconoce el derecho de petición.
Amparan derechos fundamentales a la autonomía, autogobierno e identidad étnica y cultural del pueblo Arhuaco.
Sin efectos decisión del Consejo de Estado que anuló la sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general impuesta en 2014 a alcalde.
Dicha posibilidad no puede verse limitada bajo el argumento de que no tienen calidad de contribuyentes ni de obligados tributarios.
El tribunal cuestionado omitió estudiar la vulnerabilidad sobreviniente alegada por la accionante tras proferir el fallo demandado.
Además, la encuesta también mostró que la mayoría de los migrantes ingresó a Colombia por las zonas fronterizas, especialmente Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
La medida busca garantizar acceso equitativo a la educación superior en todo el país.
Este avance es parte del compromiso del Gobierno para garantizar el apoyo financiero necesario para cumplir con las obligaciones de justicia y reparación.
Por regla general la modalidad (presencial o virtual) del proceso judicial la determina el juez en ejercicio de su autonomía y la única excepción es la audiencia del juicio oral de la jurisdicción penal, que deberá ser presencial.
En el evento se expondrán los proyectos que han buscado impulsar el acercamiento a la ciudadanía a través del lenguaje sencillo.
El ICBF vulneró el derecho al trabajo de la accionante y a la unidad familiar de su hijo menor de edad en condición de discapacidad.
Se aparentó un trámite de única propuesta, de manera que la excusa sobre inexistencia de pluralidad de ofertas fue el pretexto.
El jefe de Estado anunció que impondrá la Cruz de Boyacá a los magistrados de la Corte Suprema que investigaron casos relacionados con la ‘parapolítica’.
El cargo de experto comisionado exige dedicación exclusiva, por lo que no procede el encargo.
Aunque se efectuaron algunos nombramientos, no se cumplió completamente con lo ordenado.
Procede el reconocimiento, pues de lo contrario los trabajadores se enfrentarían a la pérdida del tiempo efectivamente trabajado.
El fallo explica que las normas se expidieron con violación de los principios de publicidad, consecutividad e identidad flexible.
Asignación de curul en virtud de derecho de la oposición no ubica en una posición de privilegiado o exceptuado a quien la ocupa.
Se confundió una posible falta de fundamento de las recusaciones con las formalidades requeridas para su trámite.
El proceso verbal debe atender condiciones de vulnerabilidad del campesinado y comprender distintos usos de la tierra.
La medida tiene efectos retroactivos desde el 18 de enero del 2022, fecha de promulgación de la Ley 2195 del 2022.
Las disposiciones desconocían normativa sobre sobre facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
Ordenan a la Imprenta Nacional cumplir con deber de organizar y administrar el Diario Oficial.
Con efectos inter comunis, se protegieron los derechos de todas las personas privadas de la libertad en dichos establecimientos.
Se ordenó a la UARIV emitir un nuevo acto incluyendo a la accionante en el RUV por el hecho victimizante de secuestro.
En única instancia, los cuestionados fueron condenados como coautores del delito de cohecho por dar u ofrecer.
Existía por lo menos una persona de carrera en disponibilidad para ser designada en dicha plaza.
Aclaran aspectos relativos a la causal de doble militancia por apoyo a un candidato.
El decreto se enmarca en el contexto de la Ley 70 de 1993, que reconoce y protege los derechos de las comunidades negras en Colombia.
Molesto por la situación, el abogado acudió a la justicia ordinaria para denunciar a su contraparte y a la familia de este.
El país reafirma su compromiso con el pago de deudas adquiridas durante la pandemia, mientras busca alivio financiero.
Los departamentos ostentan potestades de carácter complementario, es decir, auxilian a los municipios que lo requieran.
Se logró demostrar que el cuestionado mandatario incurrió en doble militancia en la modalidad de apoyo.
Debe tenerse en cuenta la solidez, precisión y calidad de los fundamentos, así como la idoneidad del perito.
La norma creó prohibiciones, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2 billones de pesos anuales, según los autores.
La accionante debió solicitar la rectificación de la información al exalcalde, pues se trata de un prerrequisito del amparo.
Exhortan a la Alcaldía de Cali a formular política que atienda necesidades de vendedores informales afectados por restitución de bienes.
Esta iniciativa busca mejorar la eficiencia del gasto público y fomentar la colaboración entre los sectores público y privado.
La demanda se interpone en contra del artículo 80 de la Ley 1617 del 2013.
La infraestructura penitenciaria para promover una efectiva rehabilitación y reinserción será tema del encuentro.
Cualquier afectación a la JEP podría generar inestabilidad institucional y un desconocimiento de la Constitución.
La determinación se realiza al momento de la evaluación técnica por parte de la ANM y no al momento de radicar la propuesta.
Derechos a la igualdad y al trabajo pueden ser eventualmente vulnerados si no se evalúa la posibilidad de reubicación.
