La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó la diferencia existente entre la adición de un contrato público y un contrato adicional de esa misma especie. (Lea: Corte Suprema precisa aparente concurso frente al delito de contrato sin cumplimiento de requisitos)

Al respecto indicó que si bien el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 omite definir la adición de los contratos estatales esta normativa sí los autorizó hasta el 50 % del valor inicial, siempre y cuando respete los principios de planeación y economía.

Lo anterior significa que procede cuando en desarrollo de la ejecución del contrato surjan circunstancias excepcionales imposibles de prever en el proyecto y en los estudios técnicos iniciales, sin que con ello se autorice hacer nugatorio el proceso licitatorio establecido por la ley.

Justamente, el fallo enfatizó que la adición del contrato representa una verdadera ampliación del objeto contractual y ocurre cuando al alcance físico se le agrega algo nuevo sin variar su esencia, y la ampliación se produce debido a la deficiente estimación de las cantidades de obra requeridas para la ejecución del objeto contractual.

A diferencia de este, el contrato adicional se fundamenta en el principio de autonomía o independencia de cara al contrato principal, ya que mientras las modificaciones simples o de forma son meras adiciones accesorias de este, el contrato adicional encierra una modificación de fondo, es decir, un cambio sustancial del objeto convenido. (Lea: Recuerdan parámetros jurisprudenciales del delito contrato sin cumplimiento de requisitos legales)

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales

El artículo 410 del Código Penal tipifica este delito, estableciendo que el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos incurrirá en pena privativa de la libertad.

Al efecto, precisa la Sala Penal que el supuesto de hecho descrito encierra el actuar de un servidor público que entre sus atribuciones deba intervenir en el proceso de contratación y haya incumplido los presupuestos sustanciales en su trámite.

A su vez, explica que la norma encierra dos modalidades alternativas de ejecución, a saber:

1. Incumplir los presupuestos legales sustanciales en el trámite, lo que involucra todos los pasos hasta su celebración.
   
    
2. La verificación del cumplimiento de los condicionamientos legales para su perfeccionamiento, incluso los atinentes a la fase precontractual y los relacionados con la liquidación.

En ese sentido, la ley distinguió la conducta ejecutada por los servidores competentes para tramitar un contrato de la que cumple el representante legal o el ordenador del gasto en las fases de celebración y liquidación, precisa la alta corporación. (Lea: ¿El interventor que liquida un convenio estatal especial sin observar los requisitos legales incurre en delito?)

Por lo anterior, la primera modalidad configura el delito ya explicado, mientras que cuando se trata del ordenador del gasto el contenido de la prohibición consiste en no comprobar el acatamiento de las exigencias legales esenciales en la celebración y liquidación del contrato (M. P. Eugenio Fernández Carlier).

CSJ Sala Penal, Sentencia SP-185322017 (43263), 08/11/17

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