Se incrementa la deficiente gestión contractual del Consejo Superior de la Judicatura: Contraloría General

Una auditoría financiera practicada por la Contraloría General de la República (CGR) al Consejo Superior de la Judicatura encontró que persiste y se ha agravado la deficiente gestión de la entidad en materia de infraestructura física.

El informe reveló que se invirtieron $ 22.422 millones en la construcción de los complejos judiciales de los municipios de Zipaquirá y Soacha (Cundinamarca), y pese de haber sido cancelados en su totalidad no se han entregado las instalaciones para la prestación del servicio de justicia. (Lea: Hallazgos de la Contraloría en la investigación a Reficar y lo que viene)

En el caso de Soacha la totalidad de los recursos invertidos en el palacio judicial, esto es, $ 13.448 millones, fueron elevados a daño patrimonial, toda vez que las obras ya fueron terminadas pero el inmueble no cuenta con el suministro de servicios públicos ni con vías de acceso, debido a la deficiente estructuración del proyecto, por lo que no se ha podido poner al servicio de la comunidad. (Lea: ¿Contralores departamentales están facultados para reestructurar entes de control territorial?)

Por su parte, en la sede judicial de Zipaquirá, las evidentes deficiencias de supervisión detectadas en la visita hecha por ingenieros del equipo de auditores de la CGR muestran fallas constructivas que impiden poner al servicio la obra.  Estas fallas requieren nuevas inversiones para que pueda funcionar, por lo que la Contraloría abrió una indagación preliminar con el objeto de cuantificar el posible daño fiscal.

Las pruebas adelantadas en desarrollo de esta auditoría ratificaron las observaciones hechas en un estudio sectorial sobre los proyectos de inversión en la Rama Judicial, publicado en el Boletín Macrosectorial No. 12, del 5 de febrero del 2018. (Lea: El control fiscal no abarca exclusivamente los bienes del Estado)

El estudio también concluyó, entre otras cosas, que los proyectos de inversión relacionados con la construcción de infraestructura eran los que tenían menores avances presupuestales y físicos. Igualmente, advirtió que no se han aplicado correctivos, pues siguen siendo serias las fallas en la planeación de las inversiones y son débiles las tareas de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos.

Finalmente, al CGR indicó que los dos hallazgos detectados no solo comprometen los resultados esperados en la inversión, sino que afectan la posibilidad de que las comunidades de estos municipios puedan acceder a un eficiente y oportuno servicio de justicia. (Lea: Explican función de las compañías de seguros en el marco de la responsabilidad fiscal)

Contraloría General de la República, Comunicado, Jul. 3/18