El Ministerio de Defensa Nacional adicionó el DUR 1070 del 2015 y reglamentó el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La Corte amparó los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Colpensiones, por desconocimiento de la jurisprudencia sobre topes pensionales.
La cadena está conformada por todos los actores que participan en la producción, transformación, distribución, comercialización y consumo de alimentos.
La inhabilidad para contratar aplica frente a quienes hayan auditado o controlado en su carácter de servidor público o de revisor fiscal.
La exigencia se realiza en ejercicio de la autonomía privada y el pago puede ser en un solo contado o por cuotas mensuales, a criterio del operador.
Se trata de un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio a funcionarios o empleados altamente calificados.
La corte declaró inconstitucional con efectos retroactivos el control automático e integral sobre estos fallos, por vulnerar el derecho de acceso a la administración de justicia.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de seis meses.
La Sala Civil estudió una tutela contra la decisión de un juez que fijó cuota de alimentos con base en sentencia que reconoció al hijo.
La Corte Constitucional calificó como una evidente extralimitación reglamentar este tema mediante decreto ley.
