La demandante no logró desvirtuar que la enajenación de inmuebles se realizó en desarrollo de su actividad habitual.
El Decreto 572 del 2025 no solamente es una mínima afectación en la liquidez del empresariado colombiano, sino que, en últimas, también es una carga tributaria adicional.
Ricardo Díaz Alarcón, especialista en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario y magíster en Derecho (LL. M.) de la Universidad de Harvard (EE. UU), analiza las nuevas reglas en esta materia.
Los agentes de retención deberán cargar archivos con datos semestrales de retenciones y consignaciones al fondo universitario.
Decreto sobre protección de tierras en El Catatumbo no podía regular materias propias de una política pública agraria.
Es claro que el Gobierno Nacional considera este tipo de ingresos como una fuente relevante para fortalecer las finanzas públicas.
El régimen colombiano de insolvencia empresarial, particularmente bajo la Ley 1116 de 2006, establece un marco normativo claro, pero exigente.
La normativa exige a empleadores implementar protocolos internos, campañas de sensibilización y mecanismos efectivos de denuncia que respeten los derechos de las víctimas.
Se corrigió un vicio de procedimiento sobre la reforma pensional y se aprobó la proposición que solicitaba acoger el articulado aprobado por el Senado.
La Junta Directiva del Banco reconoció nuevos riesgos que podrían ralentizar la convergencia de la inflación a la meta.
