La Sala Disciplinaria del Consejo Superior rechazó estas excusas en una reciente decisión, la cual suspende y multa a un profesional del Derecho por quebrantar el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007.

Crear espacios donde los estudiantes de Derecho simulen lo que ocurre en los procesos judiciales es clave para acercarlos a la administración de justicia.

Los impedimentos están instituidos para asegurar la imparcialidad de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor.

Así lo dijo la Corte Suprema de Justicia al negarse a casar una sentencia en la que se absolvía a Ecopetrol y a otra compañía de las consecuencias patrimoniales y jurídicas por el despido colectivo de trabajadores.

La extinción del programa impone un reto de alta complejidad al nuevo Gobierno.

En ningún caso se afectarán o modificarán las disposiciones de los acuerdos de paz celebrados con anterioridad a la expedición del posible acto legislativo.

Así lo concluye un concepto reciente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Estas operaciones estarán sujetas a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El artículo 28 de la Ley 1123 del 2007 obliga a todos los profesionales del Derecho a tener un domicilio conocido, registrado y actualizado, so pena de ser sancionados.

Para ejercer la profesión de abogado ―especialmente como litigante―, el graduado deberá, además de cumplir con los requisitos existentes, aprobar el examen de estado que realice el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué opinan los especialistas?

Lo primero que debemos descartar es la visión fantasiosa según la cual la inteligencia artificial puede leer, entender y decidir autónomamente todos los casos pendientes de decisión judicial.