Se confirmó la exclusión de la profesión del litigante, que cometió la falta descrita en el artículo 39 de la Ley 1123 del 2007, a título de dolo.

La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia de equilibrio ecológico, y ordenó a las autoridades ambientales conformar una mesa de trabajo para determinar la utilización de productos insecticidas.

Con la modificación introducida al artículo 1504 del Código Civil, la prohibición solamente tiene efectos sobre los impúberes.

Basta con que al menos se haya formulado una reclamación judicial o extrajudicial, ya que a partir de ese hito el asegurado puede dirigirse contra la aseguradora.

Las garantías mobiliarias debidamente constituidas en vigencia de la Ley 1676 del 2013 no pierden la prelación legal por el hecho de la destrucción de la garantía.

Unos acuerdos tienen por finalidad esclarecer pasajes confusos u oscuros de la convención colectiva, otros alteran los parámetros definidos en dicho instrumento.

Es clave establecer si los actos mercantiles realizados por una persona jurídica se enmarcan dentro del giro ordinario de sus negocios.

Un fallo reciente de la Sala Penal de la Corte Suprema explica, entre otras cosas, si procede la acción de tutela contra las decisiones adoptadas por las autoridades indígenas en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Un magistrado de la Sala Disciplinaria opina que si la falta a la debida diligencia no reporta un daño a su representado no debe ser sancionada.

En la Corte Constitucional se radicaron dos acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2010 del 2019. Los principales argumentos de los accionantes son el desconocimiento del principio de equidad tributaria y el de autonomía territorial.