De acuerdo con el anteproyecto, se otorgarían funciones jurisdiccionales a los notarios, centros de arbitraje y/o de conciliación.

La Corte declaró la inconstitucionalidad de un aparte del parágrafo 1º del artículo 11 de la Ley 1922 del 2018 y la exequibilidad del resto de la norma.

A pesar de que una cláusula sorpresiva no obligatoriamente altere el equilibrio económico del contrato, esto no es excusa para permitir su ejercicio.

Con el Decreto 221, el Gobierno estableció la exención del impuesto sobre las ventas – IVA para la adquisición de vehículos que ingresan por reposición de automotores destinados al transporte público de pasajeros y al transporte público o particular de carga.

Según la Sala Laboral, si bien no viene suscrito por un funcionario de esa entidad, contiene los datos que permiten reputarlo como auténtico.

La identidad de los beneficiarios solo se conoce en el futuro, cuando se materializa el siniestro amparado.

El Dane estableció el marco regulatorio general de la gestión catastral, con el objetivo de cumplir las finalidades del Estado y garantizar los derechos de los usuarios del servicio.

Esta acción, que desarrolla el principio constitucional de efectividad de los derechos, obliga a las entidades o autoridades omisivas a ejecutar sus deberes legales inmediatamente.

Las facultades que el legislador le confirió a los terceros intervinientes se reducen exclusivamente a la coadyuvancia, expresión que en términos conceptuales significa contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo.

La autorización dada por el beneficiario de un crédito personal de esta clase debe tener el carácter de expresa e irrevocable.