Se trata de un proyecto de Código Electoral necesario para la democracia, que requiere un trabajo legislativo comprometido, realmente orientado a consultar las necesidades de la democracia.

Se exhortó al Consejo Superior, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que, en el marco de sus competencias, evalúen la necesidad de adoptar las medidas legislativas y administrativas orientadas a solventar el estancamiento de los procesos penales.

Corresponde a los usuarios de sus servicios asegurar que los libros y documentos soportes tengan mecanismos de conservación.

Es imperativo y necesario que exista fiabilidad de los datos que los despachos suministren a las partes e intervinientes en los procesos a través de dichas herramientas.

Dentro de las novedades que trae la ley está la inclusión de los patrimonios autónomos como posibles beneficiarios de los programas y un aporte adicional de acuerdo al número de mujeres empleadas.

La recolección y uso de los datos personales de los menores de edad están prohibidos, por regla general.

El derecho a ser oído opera como una garantía del derecho de defensa del trabajador y no como un escenario de agotamiento del debido proceso.

Esta norma rige a partir de los ocho días hábiles siguientes a su publicación, y deroga la Resolución 0004558 del 2019.

Las tensiones políticas y la polarización que reina en muchos países comienzan a afectar a la justicia en todo el mundo.

Pide investigar a Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez por permanecer en los cargos de magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, aunque sus periodos vencieron en 2016.