El debate sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es un dilema filosófico, sino una necesidad práctica, jurídica y ética.

Puede pensarse que la posición de garante y eventual responsabilidad penal del oficial de cumplimiento sigue siendo discutible, no improbable.

La correcta manipulación y disposición del elemento probatorio puede terminar siendo su “prueba reina” o podrá ser también una investigación de meses desdibujada en minutos.

Reflexiones sobre el nivel de responsabilidad de los miembros de una junta directiva por las actuaciones ilegales que despliegue un gerente.