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Néstor Humberto Martínez no terminó su periodo como fiscal, panorama de su gestión

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Néstor Humberto Martínez no terminó su periodo como fiscal, panorama de su gestión (Humberto Pinto)

Después de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de aplicar la garantía de no extradición a favor de Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc, así como la orden a la Fiscalía General de liberarlo, el jefe del ente investigador, Néstor Humberto Martínez, presentó su renuncia irrevocable al cargo.

 

 

 

 

En palabras de Martínez, la JEP adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por la entidad y EE UU; hace “trizas” la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales sobre la materia y confronta abiertamente la Constitución Política.

 

El exfuncionario exhortó a la ciudadanía a movilizarse “con determinación para el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza para todos los colombianos y no para unos pocos y, particularmente, para todas las víctimas del conflicto”.

 

 

 

 

Durante los últimos tres años, el país tuvo como fiscal a un abogado y economista de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Comercial y Derecho de Familia y magíster en Sociedades.

 

Además de sus actividades de litigio privado, Martínez ha tenido responsabilidades en altos cargos del sector público, pasó por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Bancaria, la Junta Directiva del Banco de la República, la Embajada de Colombia en Francia y estuvo en los ministerios del Interior y de Justicia, además de su cargo como ministro de la Presidencia de Juan Manuel Santos.

 

Una fiscalía polémica y de muchos titulares

 

Es necesario recordar que en el primer año de su gestión capturaron a su fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, por el caso que el país conoce como “el cartel de la toga”, una supuesta organización en la que Moreno, magistrados, exmagistrados y abogados litigantes ofrecían a servidores públicos aforados la posibilidad de frenar procesos penales en su contra. Martínez se defendió afirmando que lo nombró luego de evaluar la experiencia profesional y académica del ahora exfuncionario y recién deportado de EE UU.

 

Por otro lado, el 9 de abril del año pasado inició el caso que sentenció el futuro del exfiscal. Ese día, la Policía y la Fiscalía dieron cumplimiento a una circular roja por narcotráfico emitida por Interpol contra Jesús Santrich, Marlon Marín, Armando Gómez (alias “el doctor”) y Fabio Simón Younes.

 

La orden de captura internacional tenía como finalidad su extradición hacia EE UU, ante una acusación formal por narcotráfico que emitió la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York.

 

Además del hecho político que suponía capturar a un líder de la desmovilizada guerrilla de las Farc, y futuro congresista, el debate jurídico se concentró en quién debía autorizar la extradición.

 

Luego de numerosos intercambios y recursos, hoy, la JEP aplicó la garantía de no extradición a Santrich, porque las pruebas entregadas no le permitieron evaluar la conducta.

 

Este ha sido un punto de honor para Martínez, pues es el aspecto que más critica del proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), inclusive después de la revisión por parte de la Corte Constitucional, y con el cual se insiste en las objeciones del presidente Duque, ya que considera que se amenaza al trámite de extradición, ante el hecho que autoridades distintas al Fiscal General dispongan de la libertad de capturados con fines de extradición. (Lea: Publican sentencia que condicionó trámite de extradición en justicia transicional)

 

 

Odebrecht y protestas ciudadanas

 

Los audios de una conversación entre el fallecido Jorge Enrique Pizano, exfuncionario clave en el caso Odebrecht, y Néstor Humberto Martínez, en los cuales el abogado escuchó sobre situaciones irregulares en la contratación de la Ruta del Sol, produjeron el momento más crítico para su gestión, pues hacían ver que el jefe del ente acusador conoció de hechos delictivos antes de ser fiscal y no lo denunció.

 

Tal situación generó algo que no se había visto en otras administraciones, protestas ciudadanas para que un Fiscal General saliera del búnker.

 

Pero los intentos no se quedaron en la calle, organizaciones como Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas pidieron al Consejo de Estado la nulidad del acuerdo con el que la Corte Suprema de Justicia eligió a Martínez. (Lea: ¿En qué van los hechos que amenazaban la estabilidad de Néstor H. Martínez en la Fiscalía? )

 

 

Su argumento fue que existió una “falsa motivación del acto”, toda vez que el fiscal, según la demanda, no fue transparente durante el proceso de selección y existían “suficientes evidencias” que indicaban que cuando fue ternado por el entonces presidente Santos no le informó a la Corte Suprema que durante el tiempo en que ejerció como abogado privado conoció múltiples irregularidades que rodeaban los contratos del tramo II de la Ruta del Sol. Sin embargo, este intento no prosperó. (Lea: Los desencuentros que deben solucionar la Fiscalía y la JEP)

 

Pero estos hechos sí propiciaron el nombramiento de Leonardo Espinoza como fiscal ´ad hoc´ en el caso mencionado, la renuncia obliga a la pregunta de si es necesario este fiscal luego de que se acepte la renuncia del Fiscal General; además, por estos días, la Corte Suprema de Justicia analiza si Martínez estaba impedido en más de 15 líneas de investigación relacionadas con la multinacional brasilera. El 21 de mayo próximo, la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre la renuncia del fiscal. (Lea: Un fin de semana difícil para Néstor Humberto Martínez)

 

 

 

 

Así termina una administración polémica y que dividió a los actores de la vida pública nacional:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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