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¿En qué van los hechos que amenazaban la estabilidad de Néstor H. Martínez en la Fiscalía?

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¿En qué van los hechos que amenazaban la estabilidad de Néstor H. Martínez en la Fiscalía? (Jose Patiño)

Hace dos semanas, manifestaciones en su contra, una demanda contra su elección y señalamientos sobre su participación en el denominado “cartel de la toga” pusieron en el foco al fiscal Néstor Huberto Martínez.

 

Vale recapitular qué ha pasado con estos hechos, que mantienen al funcionario y a la entidad encargada de la investigación penal en el país en un estado constante de escrutinio. (Lea: Insumos para entender el caso Odebrecht)

 

Como se recordará, la organización Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas y el jurista Jorge Iván Cuervo presentaron ante el Consejo de Estado una demanda que pedía la nulidad del Acuerdo 871 del 2016, con el que la Corte Suprema de Justicia eligió al Fiscal General.

 

El argumento principal de la acción es que existió una “falsa motivación del acto”, toda vez que Martínez, según su concepto, no fue transparente durante el proceso de selección en el que resultó elegido. De esta manera, a través de la figura de anulación electoral, piden que se anule dicha disposición administrativa.

 

Sin embargo, un auto de ponente de la Sección Quinta rechazó la demanda electoral, pues consideró que en este caso operó la caducidad de la acción.

 

“Los demandantes respetamos y acatamos la decisión del alto tribunal. Sin embargo, como contempla el artículo 276 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, presentaremos un recurso de súplica ante el resto de los magistrados de la sección”, informó el colectivo de juristas.

 

Según sus argumentos, el debate en torno a la caducidad de la acción fue el primer elemento que fue analizado en el escrito, bajo el título “la falta de caducidad de la nulidad electoral” y se presentaron argumentos según los cuales, dadas las circunstancias especiales del caso, la acción no había caducado al momento de interponerse.

 

Dicho acápite sostiene que el término de 30 días, consagrado en el literal a) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA, no debería contarse a partir de la fecha de confirmación de la elección, realizada a través del Acuerdo 871, sino desde que la ciudadanía supo del grado de conocimiento del fiscal Martínez Neira de la trama de Odebrecht.

 

Dicen los demandantes que dicho conocimiento derivó de la publicación del material audiovisual entregado por Jorge Enrique Pizano a Noticias Uno y El Espectador, de manera que, como mínimo, el tiempo debería contarse desde la publicación del primer audio por parte de Noticias Uno, el 13 de noviembre del 2018.

 

Si se toma como base esa fecha, la caducidad de la acción operaría el 18 de enero de 2019 y, por lo tanto, el plazo para presentar el medio de control de nulidad electoral sería hasta el 17 de enero del 2019 (la demanda fue presentada el 11 de enero).

 

Marchas contra el Fiscal General

 

Nuevas manifestaciones contra Néstor Humberto Martínez se habían programado luego de la primera, realizada el pasado 11 de enero, para incrementar la presión de su renuncia. Sin embargo, quedaron aplazadas por la situación de seguridad que sufrió Bogotá el jueves pasado, por un atentado terrorista del ELN en contra de la Escuela de formación de cadetes de la Policía Nacional General Santander.

 

Pero los impulsores de las marchas reactivaron su campaña y convocaron para el próximo martes 29 de enero, escalando los reclamos más allá del tema Odebrecht, incluyendo asuntos como el asesinato de los líderes sociales.

 

 

Finalmente, y en relación con las columnas de Daniel Coronell, en las cuales se asegura que en las grabaciones de la DEA enviadas por la Fiscalía a la Corte Suprema y a la Comisión de Investigación y Acusación por el caso del ´Cartel de la toga´ no estaba el fragmento de una conversación entre el abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons en el cual se menciona el nombre del Fiscal General, el alto tribunal no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

 

Pero Martínez sigue manteniéndose en su solicitud de rectificación al periodista, por considerar que las columnas que le ha dedicado son “producto de la omisión deliberada del periodista de consultar al afectado, antes de hacer sus publicaciones, como lo exigen las reglas del periodismo”.

 

Coronell insiste en que la Fiscalía tiene el deber de enviar las pruebas completas a la entidad competente y en su última columna en la revista Semana dice que hay “una relevante mención del nombre de Néstor Humberto que se quedó en las resguardadas bóvedas de la Fiscalía”.

 

Debe mencionarse que los abogados de Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, interpusieron una recusación en contra del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, su vicefiscal María Paulina Riveros y los funcionarios que llevan su investigación; en su concepto, hay falta de garantías procesales y objetividad en su caso.

 

Los próximos días mostrarán más desarrollos sobre este polémico asunto, especialmente cuando el país ha conocido en esta semana las audiencias de juzgamiento a José Elías Melo, en las cuales involucrados del más alto nivel describen cómo se acordó el pago de US $ 6,5 millones al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.

 

El Consejo de Estado tiene la palabra, pero el éxito o fracaso de las marchas contra el Fiscal General y los demás desarrollos alrededor del asunto Odebrecht dirán qué viene para el futuro del ente acusador.

 

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