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Congreso implanta la cadena perpetua revisable

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Congreso implanta la cadena perpetua revisable (freepik)

Este jueves, la sesión plenaria virtual del Senado de la República aprobó, en el último de los ocho debates que debía surtir, el proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución Política y permite condenar a cadena perpetua a violadores y asesinos de niños.  

 

La iniciativa obtuvo 77 votos a favor y ninguno en contra. Este texto no necesita ser conciliado, ya que no hubo modificaciones entre lo aprobado por el Senado y lo que acogió la Cámara de Representantes previamente.

 

Así, se modifica el artículo 34 de la Constitución Política para que cuando un niño o adolescente sea víctima de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir se castigue al autor de tales delitos con la pena de prisión perpetua. (Lea: ¿Los derechos de los niños justifican el sacrificio de los derechos de los demás?)

 

Tal condena tendrá control automático ante el superior jerárquico y deberá ser revisada en un plazo no inferior a 25 años, para evaluar la resocialización del condenado. (Lea: Penalistas analizan viabilidad de la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores)

 

El Gobierno contará con un año para reglamentar este acto legislativo y deberá formular una política pública integral de protección de los menores, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento sicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados. (Lea: Consejo Superior de Política Criminal, a favor de la cadena perpetua)

 

Con la aprobación de la iniciativa se presentaron reacciones encontradas. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal calificó como inaceptable que los defensores de la paz hayan sido los más asiduos opositores. Por su parte, el senador Álvaro Uribe reconoció el liderazgo del presidente Iván Duque y de la fallecida Gilma Jiménez para excepcionar de la negativa de prisión perpetua a estas conductas graves contra los menores. 

 

 

En desacuerdo con lo aprobado, la representante María José Pizarro señaló que la cadena perpetua es una medida que no cuida a los menores, ya que la impunidad en estos casos es del 90 % y el hacinamiento en las cárceles es superior al 52 %, lo que la convierte en una medida sin fondo real y que no servirá. 

 

Así mismo, el senador Antonio Sanguino precisó que la prisión perpetua le sirve para ocultar su hipocresía a los gobernantes que condenan a los niños al abandono muriendo por desnutrición y más de un político que se llena los bolsillos con los contratos de alimentación escolar.  

 

También hubo espacio para los reproches públicos. El senador Ernesto Macías calificó de absurdo que con argucias y triquiñuelas el senador Roy Barreras tratara de sabotear la plenaria del Senado para impedir la aprobación de la prisión perpetua para asesinos y violadores de menores. Finalmente, se impuso la mayoría, afirmó.

 

 

Y es que Barreras ha sido el más crítico con esta propuesta, a la que incluso acusa de beneficiar a condenados por los crímenes que intenta combatir. 

 

 

 

Otras reacciones en el Legislativo

 

 

 

 

 

Gobierno calificó como histórica la aprobación

 

“Me acaban de informar que luego de culminar todo lo que ha sido el ciclo de debates en el Congreso de la República, hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad: hoy el Congreso de la República ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros, y es que hoy Colombia va a tener cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad”. Así lo expresó este jueves el presidente Iván Duque Márquez al inicio del programa televisivo ‘Prevención y Acción’. (Lea: Proponen cadena perpetua para abusadores de menores, revisable en 30 años)

 

El mandatario aseveró que, con la aprobación de la cadena perpetua, el país tendrá una sanción ejemplarizante para quienes “pretendan agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría a un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo y, lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño".

 

El jefe de Estado también indicó que ahora el país espera que en el Congreso haga trámite la norma que conlleva a que delitos como la violencia sexual y el homicidio de niños sean imprescriptibles.

 

A su turno la ministra del Interior, Alicia Arango, se pronunció.

 

 

Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, indicó que hubo un gran avance para la protección de la niñez.

 

 

Así fue anunciada la aprobación de la reforma por parte del Senado.

 

Reacciones de especialistas y académicos

 

Consultamos a expertos en Derecho Penal y docentes universitarios sobre esta polémica reforma.

 

Francisco Bernate:

 

aprobación de la cadena perpetua representa un inmenso retroceso en la tutela de los derechos de los menores, por cuanto (i) al establecerla por igual para casos de Violacion y asesinato de los menores, se incentiva la escalada en la agresión, pues la pena será la misma en uno u otro evento, (ii) al agresor le representará la misma sanción agredir a uno que a 20 niños, privilegiando al agresor en serie. Pero además, al permitirla respecto de menores de edad agresores, tendríamos el insólito caso de niños condenados a cadena perpetua, lo cual es contrario a sus derechos. De manera que, como conclusión número uno, lejos de tutelar los derechos de los niños, esta normativa los perjudica en manera seria. 

 

Si la constitución colombiana privilegia la resocialización y sobre esa base está montado todo el sistema penal, esta nueva disposición nos arroja a un desconocimiento de la base de la constitución, por lo que el legislador carecía de competencia para sustituir nuestra carta en uno de sus puntos, en un trámite, por demás, plagado de vicios de trámite. Lo que sigue es esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que si la mantiene en firme, conllkevará un cambio en toda la legislacoín penal ordinaria, militar, procesal y de menores.

 

Helena Hernández:

 

La cadena perpetua no funciona para luchar contra la violencia, porque no soluciona ninguna de las causas que la reproduce. Es una propuesta populista, con carente respaldo político criminal, criminológico, y constitucional. Por eso esta condena no sirve para persuadir a potenciales infractores o impedir la consumación de delitos. La real eficacia preventiva sancionatoria ocurre cuando un sistema de justicia funciona: captura y judicializa a los infractores de manera oportuna. Aquí no ocurre eso y sobre esos problemas deberían enfocarse las reformas a la justicia: hay que potencializarla e integrar políticas públicas para prevenir los crímenes.

 

El Estado debe reforzar las políticas sociales y preventivas, así como fortalecer el funcionamiento de las instituciones y subsistemas de control social. Las brechas de desigualad entre sexos, la exclusión y marginalidad de la población más vulnerable, la falta de reales oportunidades laborales y educativas: son todas causas de violencia y pérdida de cohesión social, sobre las que debe enfocarse el Estado para solucionar problemas desde sus raíces.

 

Finalmente, es imperativo que la política criminal del Estado atienda al principio de realidad, que no es otra cosa que la correspondencia con la evidencia y los datos demostrables. Los expertos en materia penal deben ser escuchados, pues medidas punitivas como las adoptadas no pueden sustentarse en un capricho o descontento social, que desatienda probabilidades mínimas de eficacia, además de contravenir de forma flagrante nuestro modelo constitucional.

 

Juan Camilo Valencia:

 

La pena de prisión a perpetuidad que fue aprobada ayer en el Congreso debe analizarse desde un contexto jurídico, alejado de pasiones y de los gritos de la multitud, en tanto es una pena eminentemente retributiva, desocializadora en el sentido que aparta totalmente al individuo de la sociedad, incumpliendo una de las funciones, que es precisamente la resocialización del condenado.

 

Una de las críticas que se le realiza al Derecho Penal ha sido que el sistema de las funciones de la pena se basa en las teorías del prevencionismo y retribucionismo, en concepto de algunos y, del mío propio, tener un sistema ecléctico permite legitimar cualquier tipo de pena bajo la excusa de prevención general negativa o especial positiva, cuando de verdad se trata de retribucionismo puro y duro, por eso no es extraño ver la aprobación en el Congreso de este tipo de iniciativas, dado que su filosofía es aparentar ante la sociedad un amago de prevención y protección para los niños, cuando realmente está demostrado que la pena por sí sola no intimida para la realización de la conducta punible.

 

Incluso compromisos internacionales que no pueden pasarse inadvertidos dan cuenta de la inconstitucionalidad del texto que acaba de aprobarse, por ejemplo, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Convención para prevenir y sancionar la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes; no siendo suficiente lo anterior el artículo 34 de la Constitución Política, sin olvidar que la Corte Constitucional de Colombia, en Sentencia C-806 del 2002, manifestó que estas clases de penas son incompatibles con los DD HH. Sin embargo, y mientras nuestra política criminal siga siendo desarrollada por nuestros legisladores bajos los lineamientos del populismo punitivo, seguiremos viendo este tipo de normas que cada vez más deslegitiman el concepto de derechos humanos y de un derecho penal mínimo.

 

 

Óscar Sierra Fajardo:

 

Podemos estar seguros de que los únicos que se benefician con esta iniciativa son sus promotores y el Gobierno. Los primeros porque brindaron el mensaje a sus electores de que, desde su posición, pueden impulsar proyectos para impulsar cualquier clase de proyecto, y el Gobierno Nacional, en tanto la cadena perpetua para violadores de niños fue una de sus banderas de campaña.

 

 Y es que los abogados penalistas nos dedicamos al estudio de la ciencia del Derecho Penal, la cual no se limita exclusivamente a la persecución y posterior sanción de personas que cometen delitos, sino que aborda su estudio desde una perspectiva integral, a través de la sociología, la antropología y la criminología. Lo anterior nos ha permitido plantear soluciones que obedecen a un estudio consciente y no al capricho personal, como ocurre en el caso de los congresistas y sus asesores, quienes evidentemente obviaron la fundada posición de académicos y expertos en la materia.

 

Los congresistas prefirieron hacer oídos sordos a las objeciones de los expertos y sacaron adelante un proyecto que se caracterizó por encasillar a quienes votaron en contra como enemigos de los niños o en el peor de los casos como defensores de los violadores y asesinos de menores, artimaña que les surtió efecto para disuadir las voces en contra. Finalmente, hay que precisar que hoy en día una persona condenada a 60 años de prisión, por rebajas de estudio o trabajo, puede lograr una disminución de su condena máximo hasta los 40 años, una situación palpablemente más desfavorable para el condenado que la que se plantea con la pena perpetua y su eventual revisión, pues podría cumplir una condena de apenas 25 años y luego salir libre.

 

 

Vale también recordar que Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia y profesor, indicó sobre este debate que el incremento de penas no previene estos crímenes y que en Colombia los castigos para esos delitos son ya muy altos (llegan hasta 60 años), pero que hay también una altísima impunidad. También resaltó que la tesis de que quienes cometen crímenes sexuales contra niños son “irrecuperables” y siempre reinciden es falsa, toda vez que se identifica una reincidencia del 6 %.

 

Además, indica que hay alternativas mejores, como consagrar la imprescriptibilidad de la acción penal en estos casos, o seguir las propuestas del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

 

Por su parte, el exmagistrado y catedrático universitario José Gregorio Hernandez indicó que duda de la eficacia de la prisión perpetua para contrarrestar la violencia contra los niños:

 

 

Finalmente, el profesor Miguel Enrique Rojas aseguró que el más grave error del Código de Infancia consistió en prohibir los beneficios por colaboración con la justicia en delitos contra los niños, toda vez que ello ha dificultado la investigación y condena de los agresores. ¿De qué sirven las penas elevadas si la impunidad supera el 95 %?, concluyó.

 

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