El Gobierno expidió un decreto mediante el cual modifica el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069/15 (único reglamentario del sector Justicia y del Derecho) y redefine las reglas para el reparto de las acciones de tutela, estableciendo que aquellas interpuestas contra el Presidente de la República y las relacionadas con seguridad nacional o erradicación de cultivos ilícitos serán asignadas, en primera instancia, a jueces del circuito o de igual categoría, en lugar de ser remitidas exclusivamente al Consejo de Estado.(Lea: En estos eventos la tutela sobre tutela es procedente).

La decisión responde a pronunciamientos previos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han precisado los alcances de la competencia judicial en materia de tutela. Entre ellos se destaca la suspensión provisional, decretada en 2023, de una parte del numeral 12 del mismo artículo, que antes asignaba dichas tutelas directamente al Consejo de Estado. Con este nuevo decreto se busca armonizar el principio de desconcentración funcional con el derecho al acceso a la administración de justicia, reforzando la imparcialidad del sistema judicial.

El decreto aclara que las reglas de reparto no alteran las competencias funcionales establecidas por la Constitución y la ley y que la Corte Constitucional conserva su función de control constitucional. Así, se mantiene la posibilidad de interponer tutelas en todo momento y lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta Política, garantizando un reparto equitativo y territorialmente adecuado entre jueces competentes. La norma comenzó a regir al día siguiente de su publicación, el pasado miércoles 9 de julio.

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