EXTRA: Congreso debe estudiar objeciones de Duque contra la ley estatutaria de la JEP

Hace unos minutos, la Sala Plena de la Corte Constitucional informó que el Congreso de la República debe, en primer lugar, revisar las seis objeciones por inconveniencia presentadas por el presidente Iván Duque al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Así mismo, ordenó que cuando este procedimiento se cumpla se le remita el expediente completo. (Lea: Dos visiones jurídicas sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP)

Vale la pena decir que para estudiar estas objeciones el Legislativo tiene hasta el próximo 20 de junio, fecha en la cual se acaba la legislatura. Estos son todos los argumentos planteados por la Sala:

La presidenta de la Corporación, la magistrada Gloria Stella Ortiz, precisó que actualmente no pueden hacer pronunciamiento alguno sobre estos reparos presidenciales, toda vez que es necesario que finalice este trámite en el poder Legislativo.

Y es que este debate se originó por una carta que envió el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, al alto tribunal, pidiéndole que aclarara si el Congreso podía o no debatir las objeciones. (Lea: Las distintas lecturas sobre las objeciones a la JEP)

Así mismo, el Procurador General de la Nación, a través de un  concepto, manifestó que la objeción al proyecto abría un debate político inoportuno e inútil y desconocía el rol de la justicia Constitucional. (Lea: ¿Puede la Corte Constitucional intervenir en el trámite de objeciones por inconveniencia?)

El viacrucis del proyecto de ley estatutaria de la JEP

Desde que se estaban adelantando las negociaciones de paz con la antigua guerrilla de las Farc, se ha sostenido que la “columna vertebral” de los acuerdos es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así, el Senado aprobó, a finales del 2017, el proyecto de ley estatutaria de la JEP, que estructura el funcionamiento de esta nueva instancia judicial.

Después, el proyecto fue enviado a la Corte Constitucional para que fuera revisado y, de esta forma, tener así el aval de la guardiana de la Carta Política. A través de la Sentencia C-080 del 2018, de más de 900 páginas, el alto tribunal aprobó, con varios condicionamientos e inexequibilidades, esta importante iniciativa para la implementación de la justicia transicional en el país. Entonces se ordenó ajustar el texto con los reparos y los ajustes realizados y, a su vez, enviar al presidente Iván Duque, para su sanción y promulgación.

No obstante, el mandatario Duque, tal como lo habían vaticinado distintos analistas, anunció la semana pasada que, por razones de inconveniencia, objetaba seis de los 159 artículos de esta normativa e informó que presentará un proyecto de reforma constitucional a la JEP. (Lea: Detalle de las razones de Duque al objetar la Ley Estatutaria de la JEP)

El jefe de Estado indicó que “no estamos ante un choque de trenes” y que la Corte, sobre los temas de constitucionalidad, “tiene la última palabra”. En efecto, las normas objetadas se relacionan con la reparación integral (art. 7º); los listados de desmovilizados (art. 63, inc. octavo); la facultad de investigación de la Fiscalía General (art. 79, inciso tercero, literal j); el ejercicio de la acción penal (art. 19, par. 2º); la extradición (art. 150) y el ofrecimiento de verdad (art. 153).

Lo que ha seguido después es un profundo debate entre distintos sectores políticos y miradas jurídicas respecto al futuro de la JEP. Tanto revuelo ha generado este hecho que la representante Juanita Goebertus, antigua columnista de este medio de comunicación, hizo historia al replicar, por primera vez, y a través de alocución televisada, dichos reparos presidenciales. En síntesis, la congresista enfatizó que se tuvo que haber sancionado la ley y no reabrir discusiones sobre las cuales ya el Legislativo había debatido y la Rama Judicial, fallado.

Lo cierto es que los próximos días serán definitivos para que se empiece a despejar el camino que asumirán las distintas bancadas del Congreso, con el fin de decidir si están o no de acuerdo con estas objeciones, y las alternativas que estarían preparando distintos movimientos sociales, que ya empezaron a concretarse en marchas públicas por todo el país.