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Dos visiones jurídicas sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP

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Dos visiones jurídicas sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP (Presidencia)

ÁMBITO JURÍDICO invitó a Liliana Estupiñán, directora del Doctorado en Derecho de la Universidad Libre, y a Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista y presidente del Instituto Libertad y Progreso, para conocer sus conceptos sobre el anuncio del presidente Iván Duque de objetar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). (Lea: Detalle de las razones de Duque al objetar la Ley Estatutaria de la JEP)

 

LILIANA ESTUPIÑAN

LILIANA ESTUPIÑAN

 

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Esta decisión de Duque se puede considerar un desafío a la Corte Constitucional?

 

Liliana Estupiñán (L. E.).: Demuestra la crisis del Estado de derecho. La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución Política del 91 (CP) y tiene la obligación de pronunciarse de forma previa sobre la constitucionalidad de las leyes estatutarias (artículo 241 superior). La Sentencia C-080/18, escrita en más de 900 páginas, refleja la seria y sistemática revisión realizada sobre esta norma. La tarea ya estaba hecha, de ahí que la objeción de constitucionalidad por parte del presidente no era posible. La objeción por inconveniencia, camino que escogió el Gobierno, es más política que jurídica, y corresponde con la línea ideológica de su partido de origen, tan distante a la paz y a la creación de la justicia transicional del Acuerdo de la Habana.

 

Así las cosas, es un desafío a la comunidad internacional y al Estado de derecho que actuó a través del gobierno de Juan Manuel Santos, el alto tribunal constitucional, el Congreso (quien hizo la tarea), la sociedad civil, las víctimas y la comunidad internacional.

 

Á. J.: ¿Se lesionó el acuerdo?

 

L. E.: El acuerdo está lesionado. No fueron suficientes los cuatro años de negociación, el ajuste a la primera versión luego del pronunciamiento popular, el desarrollo legislativo, el control de constitucionalidad, la veeduría internacional y la difícil implementación del punto número 5 del acuerdo o del llamado Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

 

Presenciamos una crisis del Estado de derecho y del respeto y armonía que deben tener las distintas ramas del poder público. Sin duda, se observa el sometimiento ideológico al Estado de derecho y sus grandes propósitos en la construcción de la paz, además de la pérdida de la confianza de todos los actores nacionales e internacionales frente al desarrollo e implementación del proceso de paz en nuestro país. Podemos agregar el nefasto impacto que tienen estas salidas políticas en la economía, tan reactivada a partir del proceso de paz. Ni hablar de las consecuencias en los territorios del abandono, ellos sí que padecen la demora y el saboteo institucional.

 

Á. J.: ¿Cómo interpretará la comunidad internacional estas objeciones?

 

L. E.: La comunidad internacional identifica estas objeciones como la posición política de un grupo minoritario que desconoce el proceso colectivo nacional e internacional de construcción de la paz en Colombia y el mundo. Son expertos en procesos de paz, saben que grupos minoritarios sabotean el propósito que tiene la humanidad, la ONU, diversos organismos internacionales y el país en el desarrollo de este derecho humano, hoy consagrado en el artículo 22 de la CP de 1991: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

 

La comunidad internacional es la única que nos puede ayudar en este momento de nueva polarización y de crisis del Estado de derecho, pues ha respaldado de forma contundente este proceso de paz y su correspondiente implementación. Lo ha hecho desde el acercamiento inicial con el exgrupo insurgente (Farc), durante los diálogos, ya sea en calidad de garantes (Cuba y Noruega) o acompañantes (Chile y Venezuela), recepción del acuerdo por la Secretaría General y el Consejo de Seguridad de la ONU, seguimiento permanente de la implementación y de la presentación del informe por parte de la misión de verificación de la ONU, en donde reitera la necesidad de apoyo político al proceso de paz y el respeto y la autonomía con que debe desarrollar su trascendental labor la justicia especial para la paz. Además, por el respaldo dado por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, quien insistió en la implementación de la JEP sin dilaciones ni obstáculos.

 

Á. J.: Expertos en justicia transicional sostienen que las demoras en la implementación de un proceso de paz repercuten negativamente en lo acordado, ¿estamos frente a este escenario?

 

L. E..: El reciclaje de la guerra y el fracaso del proceso de paz están a la vuelta de la esquina. El desánimo en los miles de exguerrilleros que entregaron las armas es evidente. También en las víctimas, actor principal y central del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, la sociedad civil, la academia, los líderes sociales, la comunidad internacional que realiza seguimiento y apoyo, entre otros. 

 

El tema de la seguridad jurídica y de las garantías al debido proceso también preocupa. La JEP necesita más instrumentos jurídicos para administrar la justicia transicional. Más aún cuando el presidente Duque señala que va a reformar el Acto Legislativo 01/17. El marco constitucional y legal actual no es suficiente para garantizar una pronta justicia a las 11.700 personas que se han sometido a la JEP, entre ellas 9.691 exguerrilleros de la Farc, 1.958 militares y 39 agentes del Estado diferentes a fuerza pública.

 

JUAN MANUEL CHARRY

JUAN MANUEL CHARRY

 

Á. J.: ¿Qué opinión le merecen las objeciones presentadas?

 

Juan Manuel Charry (J. M. Ch.): Se trata de una atribución constitucional del Gobierno, dentro de la colaboración armónica de los poderes públicos, que puede mejorar la implementación del acuerdo y en este caso la JEP.

 

Á. J.: ¿Las objeciones son una oportunidad o una amenaza para el proceso de paz?

 

J. M. Ch.: Las objeciones presentadas por el Gobierno se convierten en una oportunidad para lograr mayores consensos alrededor de la implementación del acuerdo con las Farc, que tiene un déficit de legitimidad política con la derrota que obtuvo en el plebiscito.

 

Á. J.: Entonces, ¿estas objeciones le devuelven legitimidad política al acuerdo de paz?

 

J. M. Ch.: Las objeciones no devuelven propiamente legitimidad política al acuerdo con las Farc, pero sí abren la posibilidad de hacer ajustes y lograr acuerdos en temas sensibles con la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

 

Á. J.: Un sector de la opinión sostiene que es un revisionismo innecesario respecto a lo acordado y que va en contravía de los derechos de las víctimas.

 

J. M. Ch.: Precisar la reparación integral y la extradición, impedir que se cuelen delincuentes comunes en la JEP, condenar a quienes participaron en delitos de gravedad internacional no puede ir en contra de las víctimas, todo lo contrario, es a favor de ellas. Este nuevo escenario responde a un nuevo debate político en torno a la paz o un momento para mejorar algunas dificultades que se pueden presentar en la implementación de lo acordado.

 

Los acuerdos con las Farc no tienen reversa, se trata de hacer ajustes y lograr mayores consensos de las fuerzas políticas, quienes se encuentran polarizados en los extremos deberían ceder para lograr una implementación pacífica.

 

Á. J.: ¿Cuál es el mensaje que se le está enviando a la comunidad internacional respecto a los reparos presentados por el Gobierno?

 

J. M. Ch.: Hay aspectos que para un gran sector de la sociedad colombiana, representado por el Gobierno Duque, deben ser modificados, en aras de que no haya impunidad y se cumplan los elementos fundamentales del acuerdo: justicia, verdad, reparación a las víctimas y no repetición.

 

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