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Las distintas lecturas sobre las objeciones a la JEP

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Las distintas lecturas sobre las objeciones a la JEP (JEP)

Ayer, el presidente Iván Duque objetó parcialmente la jurisdicción especial para la paz (JEP), por razones de inconveniencia. Inmediatamente, Patricia Linares, presidenta de la JEP, aseguró que esta institucionalidad transicional seguirá ejerciendo a cabalidad sus competencias, para la obtención de verdad plena:

 

 

Críticas a las objeciones

 

El anuncio dio pie a varios conocedores del proceso de paz con las FARC para formular críticas a la decisión del mandatario. La representante Juanita Goebertus afirma que las objeciones violan la autonomía de la Corte Constitucional, pues ya habían sido resueltas en la Sentencia C-080/18, lo cual desconoce abiertamente la separación de poderes e implica desconocer el Estado social de derecho. En este cuadro comparativo sustenta su afirmación:

 

 

En el mismo sentido, el procurador Fernando Carrillo fue directo al afirmar que se trata de una decisión que lesiona la democracia, agudiza la brecha política y además viola el principio de cosa juzgada constitucional.

 

 

¿Se hundirá toda la ley?

 

Otro tema que ha quedado en el aire es la posibilidad de que toda la ley estatutaria se hunda, como lo sugiere el exmagistrado José Gregorio Hernández:

 

 

Pero no solo hay una probabilidad de archivo de la iniciativa, el presidente del Congreso, Ernesto Macías, ha insinuado que en las reformas a la Constitución que plantea el Presidente de la República el cuerpo legislativo “tendrá que analizar y discutir si va más al fondo”.

 

 

Esto ha generado preocupación en senadores como Rodrigo Lara, quien advierte sobre la responsabilidad de Duque ante lo que pueda pasar con lo que le pida al Congreso.

 

 

Varios sectores han iniciado una campaña para internacionalizar el tema y fue enviada una carta dirigida al secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres:

 

 

Los partidos toman posición

 

En el frente interno, el partido Centro Democrático cerró filas en apoyo a la decisión del mandatario, para evitar la impunidad y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. 

 

 

Por último, el partido FARC mostró su inconformidad con la decisión y la calificó como un incumplimiento por parte del Gobierno:                   

 

 

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