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Lineamientos para proteger el suelo rural y garantizar la producción alimentaria

La normativa orienta acciones territoriales para conservar ecosistemas y garantizar seguridad alimentaria en Colombia.

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08 de Mayo de 2026

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El Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural estableció lineamientos generales para el ordenamiento del suelo rural en Colombia, con el propósito de fortalecer la función social y ecológica de la propiedad y garantizar el derecho humano a la alimentación. La normativa contempla criterios de protección ambiental, sostenibilidad y preservación de áreas destinadas a la producción agroalimentaria.

El acuerdo señala que el suelo rural constituye un recurso estratégico para la producción de alimentos, la conservación de ecosistemas y el desarrollo sostenible del territorio. En ese sentido, las disposiciones buscan evitar la degradación, fragmentación y transformación de predios rurales hacia usos incompatibles con su vocación agrícola y ambiental. Además, incorpora lineamientos relacionados con la adaptación al cambio climático, la protección de recursos naturales y la seguridad alimentaria.

Coordinación entre Nación y territorios

La norma establece que las entidades nacionales y territoriales deberán coordinar acciones para armonizar políticas de ordenamiento territorial, protección ambiental y desarrollo rural. Asimismo, el acuerdo precisa que los lineamientos tienen carácter orientador y no sustituyen las competencias constitucionales de alcaldías y gobernaciones en materia de regulación del uso del suelo. También se promueve la aplicación de principios de concurrencia, subsidiariedad y coordinación entre instituciones públicas. (Lea: Descargue la política pública de lucha contra el hambre)

Entre las disposiciones incluidas se destaca la protección especial de los suelos destinados a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria, así como la prevención del fraccionamiento antieconómico de predios rurales. El acuerdo también impulsa estrategias para garantizar la disponibilidad futura de tierras destinadas a la producción de alimentos y promueve la articulación entre políticas agrarias, ambientales y de desarrollo territorial. La medida entrará en vigencia tras su publicación en el Diario Oficial.

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