El Congreso aprobó y se acaba de sancionar la ley que formula una política pública para la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria y con la que se definen medidas para incentivar la donación de alimentos.

Inicialmente, se crea el Fondo nacional para la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y el desperdicio de alimentos, que durará 10 años, un patrimonio autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, sin estructura administrativa y sin planta de personal, sus recursos serán administrados por una sociedad fiduciaria.

Se otorgan seis meses al Gobierno para fijar los procedimientos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano, lo que contempla aspectos como la donación, los donadores, la población beneficiada y la entidades receptoras.

El desperdicio de alimentos se sancionará con multas de 1 a 3 salarios mínimos mensuales si se trata de microempresas o de personas jurídicas sin ánimo de lucro; de 3 a 10 salarios si se trata de pequeñas empresas; de 10 a 25 salarios si son medianas empresas y de 25 a 40 salarios si son grandes empresas o una entidad pública.

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