Cualquier usuario tiene los medios judiciales idóneos frente a la actuación registral, en caso de considerar que fue adelantada en detrimento de sus derechos.
No obstante, se declaró la vulneración de los derechos del consumidor y se ordenó a la demandada la prestación del servicio contratado.
En el caso concreto, la Corte Suprema le dio la razón a madre afirmando que ningún derecho estaba prescrito.
Se requiere haber formalizado la renuncia al momento de inscribir su candidatura, a fin de evitar estar dentro de la prohibición constitucional.
Corte Constitucional estudió demanda contra, entre otros, el numeral 3 (parcial) del artículo 336 y el numeral 2 (parcial) del artículo 388 del E. T.
El documento desarrolla los mecanismos legales de protección de los bienes y presenta los de orden sustancial que contempla el ordenamiento judicial para la protección de los BIC.
No aplica el término de 5 meses para reclamar previsto en el artículo 154 de la Ley 142 de 1994, pues la solidaridad se rompe por virtud de la ley.
Es irrazonable interpretar que el Estado, como titular de la acción, pretende acceder ante la administración cuando formula la pretensión disciplinaria.
Existe información que, a pesar de no tener el carácter de secreta o reservada, es estratégica o confidencial y puede ser utilizada para otros fines.
El precio de base no será inferior al 70 % del avalúo, y de no lograrse la venta el precio de base para el segundo remate será del 50 %.
