A 56 profesores les preocupa la magnitud de la sustitución del derecho vigente, lo que introduciría “graves perturbaciones y confusiones en el derecho privado nacional”.

La fecha límite inicialmente fijada para hacer este reporte era el 17 de octubre, pero la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la Oficina de Planeación de la CGR la ampliaron un mes.

El valor acumulado de las obligaciones deberá representar no menos del 10 % del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los estados financieros de la solicitud.

El juez no puede ser ajeno a la situación que gira en torno a las audiencias virtuales, ya que es a él a quien le compete adoptar las medidas a su alcance para que la vista pública pueda verificarse.

No existe la obligación de tener revisor fiscal en las copropiedades de uso residencial, salvo que así lo decida la asamblea de copropietarios.

El diplomado será virtual, durará 100 horas y no tendrá ningún costo para los participantes.

La prestación de los servicios públicos domiciliarios debe cumplir una función social en el caso de los inmuebles de carácter residencial, por lo que la sanción que se imponga debe ser lo menos gravosa posible.

Se trata de un proyecto de Código Electoral necesario para la democracia, que requiere un trabajo legislativo comprometido, realmente orientado a consultar las necesidades de la democracia.

Se exhortó al Consejo Superior, a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia para que, en el marco de sus competencias, evalúen la necesidad de adoptar las medidas legislativas y administrativas orientadas a solventar el estancamiento de los procesos penales.

Corresponde a los usuarios de sus servicios asegurar que los libros y documentos soportes tengan mecanismos de conservación.