La no aplicación de la Ley 1480 del 2011 frente a sistemas jurídicos en los que las normas de consumo sean más insípidas o retardatarias será un gran problema.

No es claro si la Ley 1480 del 2011 podrá aplicarse a los servicios turísticos y al transporte aeronáutico que se contrate con ocasión de los mismos.

Aunque la Corte hizo una ilustrativa explicación de las diferentes tesis, no remató con una conclusión lo suficientemente clara sobre los lineamientos que la deben orientar.

Ojalá la Corte Constitucional, a través de la petrificación del precedente, no acabe con teorías como la de la progresividad e impida el aumento gradual de indemnizaciones cuando se amerite.

La consigna está en valorar la responsabilidad en su justa dimensión. Ni el exceso, pero tampoco el defecto, pueden seguir jugando como regla general.

La aerolínea debe indemnizar las demoras y el valor del transporte que deba realizar el pasajero en caso de retraso en la entrega del equipaje. jurídico.

Las llaves de la democracia están en poder de la Corte Constitucional, en la media en que esta, así sea con el ánimo loable de proteger a las minorías, acabó con la iniciativa popular.

La idea según la cual la fuerza mayor exonera totalmente de responsabilidad al transportador por la no iniciación oportuna del vuelo es un mito jurídico.

La sentencia de la Corte Constitucional no debe interpretarse en el sentido de que todas las personas cuyos hogares fueron rematados bajo el UPAC tienen derecho a que se les entregue una casa nueva.

Enfermedades transitorias, muchas veces menores en cuanto a complejidad y desafortunadamente en veces inexistentes, sirven de sustento para obtener la estabilidad laboral reforzada que ofrecen los jueces de tutela.