La JCC derogó las resoluciones 123 del 2014 y 1280 del 2016, ahora se regirá por lo dispuesto en la nueva norma, que amplía las funciones de su Secretaría jurídica para asuntos disciplinarios.

De acuerdo con el accionante, en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se menciona que no es necesario contratar a personas pertenecientes a la comunidad LGBTI.

La Sala Penal casó el fallo condenatorio en contra de un juez de control de garantías acusado por el delito de prevaricato por acción, luego de ordenar la libertad inmediata de manera equivocada.

El año pasado, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas.

El certificado debe protocolizarse mediante escritura pública otorgada por el enajenador del predio, la cual se inscribirá en el folio de matrícula inmobiliaria del predio o predios sobre los cuales se desarrolla la edificación.

Las expresiones de uso común hacen referencia a aquellas designaciones que usualmente se utilizan en un país para referirse a un producto o servicio.

Es indispensable que la omisión, retardo, rehusamiento o denegación sea voluntaria, es decir, que el funcionario tenga conocimiento de que con su “no hacer” falta a sus deberes oficiales.

Existen dos modalidades idóneas para el pago del pasivo pensional en una sociedad en liquidación: el pago completo del cálculo actuarial y la contratación de una póliza de renta vitalicia con una compañía de seguros.

Ante la pérdida, extravío o destrucción de la contabilidad esta debe reconstruirse dentro de los seis meses siguientes al suceso.

La negligencia o la arbitrariedad de los patronos no justifica dejar desamparados a los trabajadores con expectativas pensionales legítimas, recuerda la Corte Constitucional.