La firma del contador hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos.

La Corte Suprema recordó que la labor interpretativa no puede ser ni mecánica ni ilimitada y que siempre deberá dirigirse a consolidar los fines que se buscan con la demanda.

El presidente Juan Manuel Santos explicó que ya se está trabajando en el diseño institucional y en la adecuación legal de esta figura.

La mayoría de funcionarios de este poder público retomarán sus labores el próximo 11 de enero del 2018. Recordamos una jurisprudencia sobre la caducidad en este periodo.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dio a conocer un importante concepto que despeja varias dudas en razón a la polémica que suscitó la votación de esta iniciativa entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Para configurar esta acción se exige que el actor acredite que la postura argumentativa en virtud de la cual se dictó la sentencia objeto de reproche fue posteriormente variada por esta misma corporación.

Para el Tribunal Especial para la Paz se inscribieron 26 extranjeros, mientras que para las salas de la JEP culminaron el proceso 51 personas.

En todo caso, no revelar información no implica incurrir en violación al código de ética para contadores públicos.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que en la base gravable de la contribución especial no se incluye el valor de los costos de producción, por cuanto este rubro no hace parte de la recuperación de gastos en que incurra la Superservicios.

La sanción por no enviar información debe graduarse en cada caso particular, atendiendo no solo criterios de justicia y equidad, sino también de razonabilidad y proporcionalidad.