No basta el mero transcurso del tiempo ni la falta de ejercicio de la acción de repetición.

La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía por no brindar medidas de protección a una lideresa social que luego fue asesinada.

Es recomendable capacitar a todos los empleados acerca de las distintas modalidades de ataque, con el fin de generar conciencia de la existencia de la amenaza.

Estos funcionarios tendrán las mismas responsabilidades y obligaciones de los servidores públicos vinculados a la entidad.

Por vía de acciones judiciales, el Estado está comenzando a moderar las opiniones sobre asuntos de enorme interés público de manera incompatible con una sociedad democrática.

El Procurador General indicó que objetar la iniciativa, luego de revisada por la Corte Constitucional, podría generar un riesgo para la seguridad jurídica.

En materia procesal, la Ley 1952 del 2019 busca mayor celeridad de la actuación, eficacia de la potestad disciplinaria y lucha efectiva contra la corrupción e impunidad.

Cerca del 75 % de los casos que llegan a la Fiscalía General de la Nación se resuelven por la vía del archivo.

La potestad sancionadora de la administración, por importante que sea el bien jurídico tutelado, debe respetar el debido proceso constitucional y convencional.

La Sección Primera recuerda que la publicación del acto no es un requisito para su validez y, por lo tanto, lo que se afecta es la eficacia del mismo, es decir, lo hace inoponible frente a terceros.